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El país ha gastado más de $ 20 millones en su defensa. La demanda de mayor cuantía que enfrenta es de la empresa Oxy.

El presidente Rafael Correa firmó ayer el decreto 1823 en el que denuncia y declara terminado el convenio con el Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) firmado el 15 de enero de 1986 en Washington.

El documento, de tres artículos, deroga en su segundo numeral el decreto 1417-B del 6 de abril del 2001, mediante el cual el Presidente de la República de ese entonces ratificó el convenio Ciadi. El decreto suscrito ayer por Correa entrará en vigencia una vez que se publique en el Registro Oficial.

La Cancillería esperaba que el Jefe de Estado firme el decreto final para notificar de la decisión al Banco Mundial. El oficio que remita llegará a esa institución internacional por ser el depositario del Ciadi.

Con el documento en mano, según la Cancillería, el Banco Mundial comunicará a los miembros la decisión del país. Actualmente existen 155 estados signatarios del convenio del Ciadi; de esos, 143 han ratificado su permanencia.

Hasta el mes pasado, según datos de la Procuraduría, el país enfrentaba once procesos arbitrales por más de $ 5.419 millones. De tal cantidad, $ 3.894 millones se litigan en el Ciadi y correspondían a tres petroleras extranjeras (Occidental, Murphy Exploration y Perenco) y a una eléctrica, MCI.

Los $ 1.998 millones restantes los disputan Chevron-Texaco y Vatadur bajo las normas Uncitral de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. La demanda más importante, en monto, corresponde a Oxy, pues solicita $ 1.600 millones. La segunda es de Texaco.