La Comisión de Transparencia y Verdad, que investiga el caso Angostura y los supuestos nexos de funcionarios del régimen con las FARC, admitió ayer que tiene inconvenientes por la falta de información oficial de Colombia y solicitó al Gobierno el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Para la comisión, creada por decreto ejecutivo, la ruptura de las relaciones diplomáticas favorece a las FARC. ¿A quién beneficia la ruptura?, preguntó ayer el coordinador de la Comisión, Francisco Huerta, en la presentación  del informe de los tres meses de actividades. “Tenemos que tratar de superar con la verdad el conflicto para poder volver a las relaciones normales”.

Según el comisionado Luis Galarza, el impasse diplomático también  beneficia a otros sectores a los que no identificó.

Huerta viajará a Colombia en un segundo intento de diálogo con autoridades del gobierno y fuerza pública.

La Comisión solicitó la comparecencia del juez primero de lo Penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, quien ha pedido la prisión del ex ministro de Defensa, de Colombia, Juan Manuel Santos, por el delito de asesinato y ser  mentalizador de la operación del 1 de marzo del 2008 que dejó 25 muertos.

La Comisión, que en tres meses ha interrogado a 29 personas, debe concluir su trabajo en agosto, pero analiza una prórroga de dos meses. De los $ 269 mil asignados por el Ministerio de Finanzas ha gastado $ 50 mil en equipamiento, gastos administrativos y viáticos.