Jueves 02 de julio del 2009 | 13:32 Política

Colombia asume defensa de Juan Manuel Santos

AGENCIAS-REDACCIÓN

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El ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos (3d), en foto de archivo tras el anuncio de la muerte de Raúl Reyes, de las FARC. Un juez de Ecuador pidió orden de captura contra el funcionario.

Álvaro Uribe declaró hoy que Ecuador no tiene jurisdicción para apresar al ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos. "Eso es una amenaza contra los colombianos", dijo el mandatario colombiano tras una reunión extraordinaria del consejo de seguridad.

Al manifestar su respaldo a Santos, Uribe recalcó que "es una amenaza denegarle a los colombianos el derecho de recuperar la seguridad". Dejó en claro que la ‘Operación Fénix’, en la que murió alias ‘Raúl Reyes’, número dos y portavoz internacional de las FARC, se fundamentó en lucha antiterrorista y derecho humanitario.

En un comunicado, Colombia expresó categóricamente la falta de jurisdicción en relación con la presunta responsabilidad individual y personal de cualquiera de los servidores o funcionarios que intervinieron en la acción.

Ecuador pide no complicar crisis
Ecuador sugirió el jueves a Colombia que no agrave la crisis que mantiene rotas sus relaciones diplomáticas, al juzgar como "desmedida" la reacción de Bogotá a una orden de arresto contra el ministro de Defensa Juan Manuel Santos por un ataque militar en territorio ecuatoriano.

"No es ninguna agresión a Colombia. No tienen que complicarse los dos niveles, el judicial y el político. Nosotros aspiramos que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político", declaró el ministro ecuatoriano de Seguridad, Miguel Carvajal.

El funcionario dijo a radio Sonorama que, "siendo un proceso judicial (...), es absolutamente desmedido, inadecuado, pretender responder -como lo ha hecho el ex ministro Santos- diciendo que esto es una agresión a Colombia".

Equipo defenderá a Santos
El presidente Álvaro Uribe anunció anoche que "en las próximas horas" comenzará a operar una "gerencia", conformada por la Fiscalía y tres ministerios.

La "gerencia" estará conformada por la Fiscalía y los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior, para defender a los colombianos de procesos judiciales como el que se adelanta en Ecuador contra el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

Un reporte de la cadena colombiana RCN comentó esta mañana a Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que algunos asesores y allegados de Santos han aconsejado al ex ministro pedir asilo político temporal en Londres.

RCN indicó que de acuerdo a radio Sucesos de Colombia, se informó esta mañana que Santos podría pedir el asilo, mientras el gobierno colombiano crea el grupo de defensores para el caso.

El medio bogotano indicó que el asilo permitiría, aunque parcialmente, conjurar los alcances internacionales, de la orden de captura emitida por el juez de Sucumbíos.

Uribe dijo este jueves que la orden de captura dictada por el juez ecuatoriano  "es una amenaza a los colombianos. Es una amenaza de negarle a los colombianos el derecho de recuperar la seguridad".

En su comunicado, leído por César Mauricio Velásquez, portavoz de la Presidencia; el gobierno colombiano indicó que Ecuador no tiene jurisdicción para actuar contra el ex funcionario.

El Gobierno insistió en que la decisión del juez vulnera diversas normas y principios de derecho internacional. Agregó que  la llamada Operación Fénix, o la de marzo del 2008, se adelantó  en el marco de la lucha mundial contra el terrorismo.

El gobierno de Bogotá, tanto como Estados Unidos y la Unión Europea, consideran a las FARC entre las organizaciones terroristas en el mundo.

En tanto, el ministro de Defensa encargado y comandante de las fuerzas militares colombianas, general Freddy Padilla, expresó hoy que el operativo que terminó en la muerte de Raúl Reyes fue en beneficio de la humanidad (y) cumplió los estándares internacionales.

Padilla en declaraciones difundidas por la televisora RCN, dijo que en Colombia se les dará  protección a todos los funcionarios de alto nivel, así como a todos los servidores públicos que participaron en la operación.

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