Una de las primeras medidas de la nueva dictadura civil-militar en Honduras ha sido la de acallar a los medios de comunicación que no se han mostrado incondicionales con el golpe de Estado. Se corrobora así lo que diversos sectores de la sociedad ecuatoriana hemos venido sosteniendo desde hace dos años y medio en el sentido de que el destino de la democracia y el de la libertad de expresión están íntimamente vinculados, al punto que la primera no puede sobrevivir sin la segunda.

Imaginemos lo que hubiera ocurrido con los contratos del hermano del presidente Rafael Correa con el Estado si la prensa ecuatoriana estuviese amordazada como en Honduras, simplemente no nos hubiéramos enterado de nada ya que desde el punto de vista del Gobierno no se cometió ninguna ilegalidad.

No permitamos entonces que en Ecuador ocurra con la libertad de prensa lo mismo que hoy sucede en el hermano país centroamericano.