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¿Se hará lo que se tiene qué hacer con el plan para la reforma financiera del gobierno de Obama? Sí y no.

Sí, el plan taparía algunos huecos enormes en las regulaciones. Sin embargo, como se ha planteado, no terminaría con los incentivos sesgados que hicieron inevitable la crisis actual.

Empecemos con las buenas noticias.

Nuestro actual sistema de regulaciones financieras data de una época en la que todo lo que funcionaba como un banco, parecía un banco. A medida que se regulaban enormes edificios de mármol con filas de cajeros, las cosas estaban prácticamente bajo control.

Sin embargo, un banco no tiene que parecerlo para serlo. Como lo expresó el verano pasado el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, en un discurso, ampliamente citado: la banca es cualquier cosa que implique el financiamiento de “activos riesgosos a largo plazo y con relativa falta de liquidez” con “pasivos a corto plazo”. Ejemplos: Bear Stearns y Lehman Brothers, que financiaron grandes inversiones en títulos de valores principalmente con préstamos a corto plazo.

Y como lo señaló Geithner, para el 2007, más de la mitad de la banca de Estados Unidos, en este sentido, estaba manejada por un “sistema paralelo de financiamiento” –otros los llaman “banca sombra”– de instituciones en gran medida no reguladas. Estos bancos no bancos, señaló con pesar, eran “vulnerables a un tipo clásico de corrida bancaria, pero sin las protecciones como los seguros de los depósitos que echó a andar el sistema bancario para reducir esos riesgos”.

Cuando cayó Lehman, nos enteramos cuán vulnerable era el sistema bancario sombra: una corrida bancaria mundial del sistema puso de rodillas a la economía.

Entonces, algo que debe hacer una reforma financiera es sacar de las sombras a la banca de no bancos.

El plan de Obama lo hace dándole a la Reserva Federal el poder para regular cualquier institución financiera grande que considere “sistémicamente importante” –es decir, capaz de crear un caos si quiebra–, sea o no un banco tradicional. Se mandaría que dichas instituciones tuvieran cantidades relativamente grandes de capital para cubrir posibles pérdidas, cantidades relativamente grandes de efectivo para cubrir posibles exigencias de los acreedores, y así sucesivamente.

Y el gobierno tendría la autoridad para requisar a dichas instituciones si parecen insolventes –el tipo de poder que la Federal Deposit Insurance Corp. ya tiene en relación con los bancos tradicionales, pero del que carece respecto de instituciones como Lehman o AIG–.

Cosa buena. Sin embargo, ¿qué hay del problema más general del exceso financiero?

El discurso del presidente Barack Obama en el que delinea el plan financiero describe el problema subyacente muy bien. Wall Street desarrolló una “cultura de la irresponsabilidad”, dijo el Presidente. Los prestadores no conservaron sus préstamos sino los vendieron para que se reempaquetaran en títulos de valores, que a su vez se vendieron a inversionistas que no comprendían lo que estaban comprando. “Entre tanto”, dijo, “las compensaciones ejecutivas –sin amarras al desempeño de largo plazo ni siquiera a la realidad– recompensó la imprudencia en lugar de la responsabilidad”.

Desafortunadamente, el plan como se ha dado a conocer no está a la altura del diagnóstico.

Cierto, la propuesta del nuevo Departamento de Protección Financiera al Consumidor ayudaría a controlar los préstamos abusivos. Y la propuesta de que se requiera que los prestadores conserven 5% de sus préstamos, en lugar de vender todo reempaquetando, proporcionaría cierto incentivo para prestar responsablemente.

Sin embargo, 5% no es suficiente para desalentar gran parte de los préstamos de riesgo, dadas las enormes recompensas para los ejecutivos de finanzas que contratan ganancias a corto plazo. ¿Entonces, qué se debería hacer con esas recompensas?

En forma contundente, el resumen ejecutivo del gobierno sobre sus propuestas resalta a “las prácticas remunerativas” como la causa principal de la crisis, pero no dice nada sobre cómo abordarlas. La versión completa dice más, pero lo que dice –“los reguladores federales deberían emitir normas y lineamientos para alinear mejor las prácticas remunerativas de los ejecutivos de instituciones financieras con el valor de los accionistas a largo palazo”– es una descripción de lo que debería pasar, y no un plan para hacer que suceda.

Más aún, el plan tiene muy poca sustancia en cuanto a reformar a las agencias calificadoras, cuya disposición para dar un sello de aprobación a títulos dudosos jugó un papel importante en la creación del lío en el que estamos.

En resumen, Obama tiene una visión clara de lo que estuvo mal, pero además de regular a la banca sombra –sin duda nada nimio–, su plan básicamente patea la pregunta de cómo evitar que vuelva a suceder, dejando las decisiones difíciles a futuros reguladores.

Estoy consciente de las realidades políticas: no será fácil que el Congreso apruebe la reforma financiera. Y, con todo, el plan de Obama sería muchísimo mejor que nada.

Sin embargo, para estar a la altura de su propio análisis, el gobierno de Obama necesita ejercer mucha más presión sobre las agencias calificadoras, y, aún más importante, ser muchísimo más específico sobre la reforma de la forma en la que se les paga a los ejecutivos bancarios.

© The New York Times News Service.