- JUN. 28, 2009 - Foto - Política - EL UNIVERSO
Para cumplir con el Decreto Ejecutivo 1793 suscrito por el presidente de la República, Rafael Correa, la semana pasada, el Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop) realizará un proceso de recalificación de los proveedores del Estado.
La norma exige a las empresas que quieren ser contratistas a determinar quiénes son sus accionistas, sean personas naturales o jurídicas; e inclusive de estas últimas, para identificar quiénes están detrás de ellas, y analizar si incurren en las inhabilidades previstas en la Ley de Contratación Pública.
Si tales empresas tienen domicilio en los llamados “paraísos fiscales”, serán descalificadas de manera inmediata.
Desde el martes pasado, los técnicos del Incop y de la Superintendencia de Compañías revisan sus bases de datos para conocer cuántas empresas tienen accionistas con esas características. Hasta el viernes, había información parcial.
El Incop tiene registrados a unos 90 mil proveedores, pero 54 mil están habilitados. De ellos, más de 10 mil son personas jurídicas.
Jorge Luis González, director del Incop, cree que no habrá problemas en recopilar los datos de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 96% del registro. En cambio, las grandes (el 4% restante) “suelen tener arquitecturas jurídicas complejas”.
Pero la Superintendencia, opina el funcionario, solo podrá llegar a un primer nivel de información: determinar cuántas personas jurídicas, que son accionistas de empresas locales, están en los “paraísos fiscales”, no quiénes son sus socios.
Para cubrir esa falta de datos, el Instituto elaboró un formulario que estará disponible desde mañana en su sitio web (www.compraspublicas.gov.ec), con el fin de que los mismos proveedores los proporcionen.
El organismo dará un plazo de tres a cuatro semanas para que completen esa información. Si no lo hacen dentro de esa fecha, las proveedoras quedarán suspendidas hasta que proporcionen todos los datos solicitados. Y si se comprueba que son falsos, pueden quedar inhabilitadas definitivamente.
El Superintendente de Compañías, Pedro Solines, señala que la reforma a la Ley de Compañías que efectuó el ‘Congresillo’ hace dos meses, ya exige a todas las empresas identificar a sus accionistas, sean nacionales o extranjeros, personas naturales o jurídicas. En ese cuerpo legal, no obstante, se fija un plazo de seis meses desde su vigencia; es decir, hasta diciembre.
El Decreto 1793 obliga a las empresas que desean tener contratos con el Estado a acelerar ese trámite, comenta.
La legislación señala que las empresas cuyos accionistas, a la vez, son empresas extranjeras registradas en bolsas de valores mundiales deben presentar al ente de control una declaración juramentada de tal registro, y del hecho de que todo su capital está representado por títulos.
Pero al no identificarse quiénes son los socios de tales compañías, estas no podrían obtener contratos estatales.
Solines indica que solo cuando concluya ese registro previsto en la Ley reformada, la Superintendencia tendrá un informe completo de la estructura accionaria de las empresas ecuatorianas.
González señala que, además de la provisión regular de bienes y servicios para el Estado, está pendiente todavía la adjudicación de la construcción de los grandes proyectos hidroeléctricos, como la central Coca-Codo-Sinclair, la central de Zamora y la de Guayllabamba; además de la edificación de la Refinería del Pacífico o la ampliación de la de Esmeraldas.
El Incop no tiene datos sobre la contratación petrolera, que no se rige por la Ley de Contratación Pública, sino que tiene sus propias normas.
La contratación pública mueve anualmente unos 6.000 millones, calcula González.
Pedro Solines
Superintendente de Compañías
“Si las empresas extranjeras que cotizan en bolsa me mienten, hay sanciones civiles y penales”.
Jorge Luis González
DIRECTOR DEL INCOP
“EE.UU. exige a sus proveedores que muestren que sus accionistas no han tenido problemas de corrupción”.
