El pasado miércoles, el presidente ecuatoriano Rafael Correa oficializó en Maracay, Venezuela, el ingreso del país a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de América Latina y el Caribe (ALBA).

Junto con Ecuador ingresaron  Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, en medio de la cumbre extraordinaria en memoria de la batalla de Carabobo, con la que Bolívar culminó la independencia de Venezuela hace 188 años.

Con ello la ALBA quedó integrada por nueve miembros: Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela,  Ecuador, Dominica, San Vicente y Granadinas y Antigua y Barbuda.

Según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, estos tres últimos países son considerados como paraísos fiscales.

Datos de la Superintendencia de Compañías (cortados a junio del presente año) señalan que existen accionistas entre personas naturales y jurídicas de empresas ecuatorianas con residencia en dos de esos países: Dominica y San Vicente y Granadinas.

El sábado pasado, el presidente Rafael Correa emitió un decreto ejecutivo que prohíbe contratos públicos con firmas cuyos accionistas están en paraísos fiscales y amenaza con descalificar a las empresas que tengan domicilio en dichos lugares.