Una vez más el Gobierno de la Revolución enfila su artillería contra la ciudad de Guayaquil y contra el municipalismo. Esta vez lo hace a través de varios proyectos de ley que reposan en el 'Congresillo' y a través del proyecto de eliminación del Plan de Aseguramiento Popular.

En el 'Congresillo' se ha presentado el proyecto de Ley de Defensa del Comerciante Minorista, Trabajador Autónomo y Microempresario, cuyo artículo 7 señala que "Se reconoce y protege el trabajo autónomo en los espacios públicos determinados de conformidad con la presente ley, los reglamentos y las demás disposiciones legales, las cuales en ningún caso transgredirán los derechos consagrados en la Constitución Política vigente". No obstante el error en la denominación de la Constitución, que desde Montecristi ya no se denomina "Política", lo cierto es que este artículo viabiliza que a través de Reglamentos se determine, de aprobarse la ley, en qué parte de la ciudad de Guayaquil y del resto de las ciudades, se permita el trabajo informal. No debería extrañarnos que, de aprobarse esta ley, el Presidente quede facultado para determinar vía Reglamento, en qué sitios podrá cocinarse, por ejemplo, utilizando carbón u otros combustibles: ¿en plena avenida Nueve de Octubre o en pleno Malecón? ¿En la avenida Amazonas en Quito? ¿En la avenida Cevallos en Ambato?

Claro, como la ley define al trabajador autónomo como la persona que desarrolla actividades de producción, fabricación, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios para la satisfacción de necesidades del consumidor, nada impedirá que, si el Presidente así lo decide, obre de la forma indicada.

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En definitiva, de aprobarse esta ley, posiblemente debamos prepararnos para volver al Guayaquil caotizado e invivible de hace veinte años y prepararnos para observar la paulatina destrucción de nuestras ciudades. ¡Y pensar que se autodenominan autonomistas!

También en el 'Congresillo' se ha presentado el proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas, cuyo artículo 42 señala que "Los excedentes que no fueren invertidos o reinvertidos, en el caso de las empresas creadas por el Ejecutivo ingresarán directamente al Presupuesto General del Estado; y en el caso de las empresas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados, ingresarán al Presupuesto General del Estado con la finalidad de que, en la parte que corresponda se asignen al o a los presupuestos del o de los gobiernos autónomos descentralizados intervinientes".

¿Por qué razón los excedentes de las empresas municipales tienen que ingresar al Presupuesto General del Estado y no al Presupuesto de los Municipios? Si las empresas municipales se crean con recursos de los municipios, ¿es lógico que los excedentes ingresen al Presupuesto del Estado para que los municipios tengan luego que mendigar la devolución de lo que por Constitución y justicia les corresponde? ¿Por qué este afán de controlar los recursos de las empresas municipales? La respuesta es sencilla: porque el centralismo necesita de todo el poder.

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Finalmente, la posible eliminación del Plan de Aseguramiento Popular, que tanto éxito ha tenido en beneficio de los más pobres, es casi seguro que desaparezca en las próximas semanas, por una decisión que adoptarán probablemente los representantes del centralismo.

¿Más pruebas del odio a Guayaquil y del odio al municipalismo?