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Carlos Marx Carrasco, director del SRI.

A seis días de que venza el último plazo para la entrega de la Declaración Patrimonial por parte de las personas que tengan activos por más de $ 200.000, aún sigue en duda la obligatoriedad de entrega de dicho documento.

La sentencia de la Primera Sala de lo Civil del Guayas, que según anunció hace pocos días el Servicio de Rentas Internas (SRI), avalaba la obligatoriedad de entregar la declaración, también critica el formulario que quiere ser aplicado por el SRI.

En dicha sentencia, del 12 de julio pasado, a más de inadmitir una acción de amparo que habían pedido ocho abogados guayaquileños para evitar entregar la declaración; también dice que se “podrían” vulnerar derechos constitucionales: “de aplicarse la recolección de datos económicos, en la forma y en el formulario actual diseñado por el SRI para la declaración patrimonial”.

Sobre el tema, Jorge Zavala Egas, abogado guayaquileño que encabeza una demanda legal en contra del pedido del SRI, explicó que el efecto jurídico de la sentencia es que no hay obligatoriedad para entregar el documento ni con el formulario previsto, ni en base al calendario estipulado.

Para Zavala los jueces de la Primera Sala, dejan una puerta abierta para que los ciudadanos interpongan las acciones a fin de que se impida que esos datos sean obligatorios.

En este sentido, Zavala dijo que ya ha presentado un pedido de ampliación de la sentencia, a fin de que los jueces expliquen de qué manera los ciudadanos deberán hacer valer esos derechos constitucionales. Una vez recibida la contestación, que debía ser entregada entre ayer y hoy por la Corte, Zavala y otros abogados guayaquileños presentarán las acciones respectivas para evitar la entrega de información.

Además, explicó que si el SRI insiste en querer recopilar dicha información, estará actuando inconstitucionalmente. 

Carlos Marx Carrasco, director del SRI, consideró que la sentencia de la Sala es clara y que el haber revocado la resolución de un juez de primera instancia y al haber inadmitido la Acción de Protección, es suficiente para no dar trámite el pedido de los abogados guayaquileños. Finalizó y dijo: “Yo pido públicamente al señor Zavala que nos deje trabajar”.

La polémica por la Declaración Patrimonial surgió luego de conocerse el formulario propuesto por el SRI, en el cual, según algunos juristas se estaría vulnerando el derecho a la privacidad económica. Este nuevo requisito solicitado por el SRI también ha causado recelo, en el sentido de que esa información podría filtrarse y ser mal utilizada.

Entrega de documento
Hasta mediados de junio se registraron 2.852 declaraciones de las cuales 1.359 procedían de Pichincha; 328 de Guayas y 289 de Azuay. El número es bajo si se compara con la expectativa del SRI de recibir entre 60.000 y 80.000 declaraciones.