Caso Reyes Torres, vigente 17 años después del Ciclón


POR JOSÉ OLMOS.- El operativo se denominó Ciclón. Con su fuerza arrasadora, cientos de policías se movilizaron por diferentes zonas del país e incautaron más de 50 propiedades, entre haciendas, departamentos, bodegas, además de decenas de vehículos, muebles, joyas, obras de arte, armas y más.

Era junio 19 de 1992, y 49 personas, entre ellas policías y militares activos y pasivos, fueron apresadas, acusadas de ser parte de una red de narcotráfico encabezada por Jorge Hugo Reyes Torres, empresario de 39 años oriundo de Cariamanga (Loja), quien también cayó preso. La Policía estimaba su fortuna en cientos de millones de dólares y afirmaba que la había adquirido con dineros de las drogas.

La joya de la corona era la hacienda San Antonio, en el kilómetro 38 de la vía Santo Domingo-Quevedo, con una extensión de 6.000 hectáreas con cultivos de banano y palma africana. Tenía 10 km de carreteras asfaltadas, 20 mil metros de construcción, antenas parabólicas, gimnasios, canchas de tenis, básquet, piscinas, jardines; edificaciones para los empleados, con escuela, comedores, cocinas, talleres y campamentos. Había una pista de aterrizaje, unas 7.700 cabezas de ganado, 250 caballos, uno de ellos un siberiano avaluado en 180 mil dólares. El costo estimado era de 31 millones de dólares.

El Ciclón no halló estupefacientes. El general Jaime Terán Pavón, director de operaciones de la Policía, entonces hizo una declaración: "No era droga lo que buscábamos... sino desmantelar a la banda para después ir a ver qué droga tenían. El propósito es destruirlos financieramente para que no revivan". Recién el 23 de junio la Policía aprehendió a tres supuestos cómplices de Reyes cuando trataban de incinerar 80 paquetes de cocaína en la quebrada de Zámbiza, al norte de Quito.

La fuerza del Ciclón daba origen a una zaga de trece juicios por narcotráfico, asesinato, secuestro y testaferrismo, algunos de los cuales se ventilan hasta ahora, 17 años después. Originaba también a una serie de polémicos fallos de la justicia ecuatoriana. Reyes Torres era el personaje central de esas historias, una especie de mito que hoy recobra actualidad porque, con fecha 11 de junio del 2009, la 2ª Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aceptó un recurso de casación (última instancia) y lo absolvió de la sentencia de 25 años de prisión que por reincidir en el narcotráfico la impuso en septiembre del 2002 la 5ª Sala de la antes Corte Superior de Justicia de Quito y la ratificó la 3ª Sala Especializada Penal.
Esta es la segunda vez que Reyes Torres sale libre. En enero del 2001 dejó el penal tras cumplir ocho años siete meses desde aquel 19 de junio de 1992, día del operativo Ciclón. En esa vez su sentencia era de 14 años por narcotráfico, pero se acogió al recurso del 2 por 1, que permitía salir libre al cumplir la mitad de la pena y demostrar buena conducta. La segunda liberación de Reyes Torres origina una ola de críticas y, sobre todo, una pugna entre el fiscal general Washington Pesántez y la CNJ. Incluso el Fiscal pidió la destitución de los tres jueces de la 2ª Sala de la CNJ (Luis Abarca, Máximo Ortega y Saúl Rosero), por "favorecer a narcotraficantes".

La decisión judicial también hizo resurgir aquel fantasma de la devolución de los bienes incautados en el Ciclón de 1992 y en el Ciclón III, del 2001, en favor de Reyes Torres, su esposa Dayra Levoyer y una decena de personas que -según la Policía- prestaron sus nombres para la compra de propiedades, pero  fueron absueltas por la justicia. En total, 62 bienes están en poder del Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), de militares, policías, entidades educativas, religiosas y campesinas.

"Hay conmoción nacional. Estoy conmocionado porque esos bienes podrían ser devueltos a un narcotraficante", dice Domingo Paredes, director del Consep, quien critica la decisión la 2ª Sala de la CNJ, aunque esta señala que se devolverán los bienes incautados en el Ciclón III (5), pero no los de  Reyes.

La devolución de lo incautado en el Ciclón de 1992 depende de un proceso que está en la 2ª Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Pese a que Reyes Torres fue sentenciado por narcotráfico en 1996, con un fallo ratificado el 14 de junio de 1996, que dispuso además el comiso de los bienes aprehendidos por la Policía y su entrega definitiva al Consep, el presidente de la entonces Corte de Quito, Fabián Jaramillo, y la 2ª Sala de lo Penal de esa judicatura dispusieron en el 2002 y el 2007, respectivamente, la devolución de los bienes a las personas absueltas, entre ellas la esposa de Reyes Torres (accionista de Agrícola Industrial, que manejaba la hacienda San Antonio) y el padre de este, Víctor Reyes Cueva.

El fiscal general Pesántez, cuando era ministro fiscal distrital de Pichincha, en el 2007, interpuso un recurso detallando que no procede la restitución de los bienes muebles e inmuebles, "por cuanto estos han sido considerados como objetos de la infracción (narcotráfico), han servido para cometerla o han sido producto de ella". Su sucesor, Marco Freire, expuso en otro documento del 16 de octubre del 2008, una serie de argumentos. "...Se ha comprobado tanto la existencia del delito de testaferrismo... Hay una sentencia condenatoria (de 1996) por tráfico de drogas". Señala incluso términos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

Durante el operativo Ciclón, la Policía había confiscado un libro con 30 cheques firmados en blanco por el coronel del Ejército (r) Mario Montesinos, supuesto testaferro de Reyes Torres. Además, una lista de 49 cuentas bancarias nacionales y 11 extranjeras a nombre de empleados, trabajadores y amigos de Reyes Torres, algunos que tenían sueldos bajos. El saldo en los bancos sumaba alrededor de 35 millones de dólares.

Por ejemplo, César Jara, vaquero de la hacienda San Antonio, registró entre septiembre de 1991 y noviembre del mismo año, depósitos en su cuenta personal por 2,5 millones de dólares y por 1.096 millones de sucres (707 mil dólares). La auxiliar de oficina de la empresa Agrícola Industrial, Joysi Gonzaga, que ganaba 105 mil sucres al mes (67 dólares al cambio de la época), hizo depósitos en su cuenta del Banco General Rumiñahui por 1.353 millones de sucres (872.900 dólares), entre enero de 1991 y julio de 1992, y giros por 286 millones de sucres (184.516 dólares).

Laura Santacruz Delgado, persona de confianza de Reyes y quien fuera sentenciada también en 1996 a 8 años de prisión, declaró que ella abría cuentas a nombre de trabajadores, que compraba vehículos a nombre de ellos, pero que todo el dinero era de su jefe. La mayoría de los predios estaban a nombre de terceros, pero ella y el abogado de las empresas, Mauricio Hernández Zambrano, igualmente sentenciado, a 8 años, dijeron que Reyes era el "dueño y señor de esos bienes".

"A mí no me pregunte de cantidades. Todo fue un montaje de la Policía, la Fiscalía y la prensa", dice Reyes Torres al interrumpir una entrevista que se inicia la mañana del pasado miércoles y en la que se le pregunta cómo obtuvo millones de dólares. Él solo desea hablar de su sentencia absolutoria. Nada de otra condena a diez años que por testaferrismo espera ser resuelta en la CNJ; nada de su relación con personas ligadas al narcotráfico de México y Colombia, entre 1988 y 1992. Nada que le recuerde el operativo Ciclón. En la hacienda San Antonio, los trabajadores que lo conocieron añoran a quien llaman "Tío Hugo", porque era "buena gente".

Procesos vigentes

Ciclón III. Se inició con la detención de Jorge Hugo Reyes Torres, el 26 de noviembre del 2001. La Quinta Sala de la ex Corte de Quito, lo sentenció a 25 años de prisión. También a Ramiro Reyes Torres y otros. La Tercera Sala Penal lo ratificó. Jorge Reyes interpuso recurso de casación y la Segunda Sala Penal de la CNJ resolvió a su favor el 11 de junio pasado. El 13 salió libre.

Nov. 25 del 2002. Fabián Tamayo, presidente de la Corte de Quito dispone la devolución de la mayoría de los 62 bienes incautados por el caso Reyes Torres y que están a nombre de una docena de absueltos, entre ellos la esposa de este, Dayra Levoyer. En octubre del 2008 la Segunda Sala Penal de esa Corte lo ratifica. La Fiscalía impugnó.

Sept. 3 del 2003. Pablo Jaramillo, presidente subrogante de la Corte de Quito, absuelve del delito de testaferrismo a Reyes Torres y otros, pero la 1ª Sala de esa Corte lo sentencia a 10 años. Hay un recurso de casación en la 1ª Sala Penal de la CNJ.