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SANTO DOMINGO.Área de ordeño mecánica de la hacienda San Antonio, que pertenecía a Jorge Hugo Reyes Torres, y actualmente es administrada por la Escuela Politécnica del Ejército.

La larga lista de fallos judiciales que favorecen a supuestos narcotraficantes e implicados en casos de corrupción, debe obligar a las funciones Ejecutiva y Legislativa a impulsar un proceso de reestructuración de la administración de justicia.

El planteamiento fue hecho por el fiscal general Washington Pesántez, luego de recibir el comunicado oficial que emitió ayer la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el que los jueces se quejan de las críticas realizadas por esa autoridad, en relación con los últimos fallos.

Ayer el presidente de la CNJ, acompañado del pleno del Tribunal, por cuarta vez consecutiva, exhortó al fiscal a moderar su lenguaje, pues la confrontación entre instituciones del Estado termina con la imagen y credibilidad de la administración de justicia.

En respuesta, Pesántez pidió al presidente Rafael Correa, y a la Función Legislativa, emprender en una urgente reestructuración de las cortes de Justicia frente al largo listado de fallos, en los que presuntamente se liberó a delincuentes o narcotraficantes.

Con ese objetivo, Pesántez no descartó visitar a la nueva Asamblea Nacional, que se instalará en agosto. Mientras tanto, afirmó que la actuación de la Segunda Sala Penal de la CNJ y de su presidente, Luis Abarca, justificaría esa actuación.

Esta última Sala dictó un fallo que dispone la devolución de bienes a Jorge Reyes Torres, absuelto del delito de narcotráfico, dentro de un caso denominado Ciclón 3.

“Hay jueces de carrera, honestos y honrados, pero otros, como Abarca y compañía, deberían irse ya”, dijo, al tiempo de señalar que pedirá medidas cautelares personales y reales en contra de esos jueces, dentro de la investigación que realiza por la absolución de Reyes.

Según el Fiscal, en la  lista de fallos que se han adoptado en forma urgente y en una etapa de transición constan el caso de la construcción de una carretera a cargo de Andrade Gutiérrez, donde una jueza suscribió la sentencia luego de un mes de haber dejado el cargo.

La misma Sala penal, agregó, absolvió a un ex magistrado de la anterior Corte Suprema de Justicia (Olmedo Bermeo), acusado del delito de enriquecimiento ilícito; mientras, la semana pasada absolvieron al ex ministro de Bienestar Social del gobierno de Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas, acusado de peculado.

Paralelamente, la Segunda Sala penal de la CNJ, redujo de 20 a 9 años la sentencia de los implicados en el caso de la detención, tortura y posterior muerte del joven Paúl Guañuna, quien el 7 de enero del 2007 recibió un cachazo en la cabeza y luego fue arrojado a una quebrada.