Un total de 57 bienes inmuebles, de propiedad de Jorge Reyes Torres y otras personas que fueron acusadas de tráfico ilícito de estupefacientes, fueron incautados por la Policía Nacional durante los operativos antinarcóticos denominados Ciclón Uno y Ciclón Tres.

La devolución de esos bienes, que según el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) tendrían un valor de $ 30 millones y que incluyen haciendas, casas, departamentos, terrenos, bodegas y galpones, aún se mantiene en disputa en los tribunales de justicia.

Pese a que las resoluciones judiciales que determinan su devolución aún no están en firme, según el Consep, todo hace pensar que dichos bienes que presumen que fueron adquiridos con dinero del narcotráfico, tendrán que ser restituidos.

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De los 57 inmuebles incautados, 52 corresponden al operativo Ciclón Uno, que se ejecutó en el 1992, y los otros cinco, al Ciclón Tres, que se cumplió en el año 2001.

De la cifra total de bienes, apenas el 5% o 6% son de propiedad de Reyes Torres, quien el viernes recuperó su libertad tras la sentencia que lo absolvió del delito de tráfico de drogas y que revocó la condena dictada por la anterior Quinta Sala de la Corte de Quito el 2002, de 25 años de reclusión.

La devolución de los 52 bienes incautados en el primero de esos operativos solo espera un pronunciamiento de los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial.

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En esa instancia de justicia, la Fiscalía planteó un pedido de revocatoria para que se deje sin efecto la devolución resuelta por los conjueces de la Segunda Sala Penal de la otrora Corte Superior de Quito, integrada por Alfredo Albuja, Tito Yépez y Pablo Ortiz.

La suerte de los bienes incautados en ese operativo también depende del juicio de testaferrismo que se inició en 1992. Un fallo final en este proceso está a cargo de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en donde reposa un recurso de casación (revisión de la sentencia). En ese juicio, Reyes Torres fue sentenciado a 10 años de reclusión.

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En tanto, la devolución de los bienes incautados en el Ciclón Tres solo espera que quede en firme la resolución adoptada por los jueces de la Segunda Sala Penal de la CNJ: Luis Abarca, Máximo Ortega y Raúl Rosero, en favor de la devolución.

Mientras, el secretario ejecutivo del Consep, Domingo Paredes, reveló que quienes lucraban de los bienes incautados en los operativos antinarcóticos  (ahora a cargo de ese  Consejo de Sustancias Estupefacientes) fueron partidos y movimientos políticos que tenían mayoría en el antes Congreso Nacional, desde 1992.

Las pruebas de lo que consideran mal uso a los bienes fueron entregadas a la justicia, pero por el paso del tiempo dichos procesos prescribieron.

Paredes se mostró preocupado por la “ola” de sentencias a favor de personas involucradas en tráfico de drogas como en los casos Tormenta del Pacífico y los Ciclones de Reyes Torres. Ambos casos, comentó, se resolvieron en forma similar y coincidente.

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En el caso Urquisa, que se tramita en Esmeraldas, se ordenó la devolución de bienes a favor de una persona que vendía pescado y manejaba en su cuenta bancaria alrededor de $ 1 millón. Los jueces de esa  provincia ordenaron al Consep la devolución de una hacienda a un ciudadano de Colombia, que –según dijo– era el comandante del grupo paramilitar denominado Autodefensas de Colombia.

“Hay una ola de jueces, a mi parecer improbos e incompetentes, que están dañando al Estado para ablandar el delito de narcotráfico”, agregó Paredes.

Recurso
Una vez que se ejecute la sentencia que determina la devolución de los bienes, el procurador general del Estado, Diego García, anunció que se planteará un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. Mientras tanto, dijo, no procede la devolución.

Bienes
Entre los bienes incautados en el caso Ciclón Uno constan las haciendas las Delicias (Esmeraldas), San Pancracio y San Carlos (Quevedo), así como San José (Quito) y San Antonio (Santo Domingo de los Tsáchilas).