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YURIMAGUAS, Perú. Nativos armados con lanzas mantenían hasta ayer el bloqueo de carreteras e incluso el transporte fluvial por el río Huallaga.

El gobierno peruano prometió ayer a los nativos amazónicos que pedirá al Congreso derogar los decretos legislativos 1090 y 1064, que los indígenas temen permitirían la venta de sus territorios ancestrales, en un acuerdo alcanzado tras violentos choques en que murieron 24 policías y 9 civiles.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, encabezó ayer conversaciones con los  apus (jefes) de las comunidades amazónicas, en la localidad de Mazamari, en la selva de la región Junín.

Simon ofreció suspender el estado de emergencia y el toque de queda en la región Amazonas donde se registraron los hechos de violencia el pasado 5 de junio y además, según la emisora Radioprogramas, pidió perdón por su responsabilidad en las muertes ocurridas, y dejó abierta la posibilidad de presentar su renuncia al presidente Alan García luego de que se restablezca la paz.

“El Ejecutivo, para restablecer la paz en el país, ha cedido todo lo que se podía ceder, se va a pedir al Legislativo derogar los decretos, dijo el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien participó en el diálogo.

Según el Gobierno, con estos decretos que se aplicaron en virtud del TLC con EE.UU., aprobado en el 2008, se busca regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y promover la inversión privada en el sector agrario.

Los nativos amazónicos exigían derogar esos decretos pues temen que abrirán las puertas a la venta de sus tierras ancestrales a multinacionales petroleras y gasíferas y a la vez se comprometieron con el gobierno a reabrir el tránsito en las carreteras y a empezar un diálogo.

Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), manifestó su descontento porque  no fueron considerados para el diálogo.

El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, fue acusado por el gobierno de haber azuzado a los nativos, y está en la Embajada de Nicaragua en Lima, país que le concedió asilo político.

El 5 de junio la policía intentó desalojar a 4.000 nativos que se tomaron una carretera, lo que dejó 24 policías muertos y uno desaparecido, 9 civiles fallecidos, entre ellos cinco indígenas, y más de 200 heridos.

Hoy se preveía la llegada del relator especial de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, James Anaya, quien emprenderá una investigación sobre los enfrentamientos en Bagua, por invitación del gobierno peruano, informó el canciller, José García Belaúnde.