Nuevas sanciones no alarman a empresarios

La implementación de una  reforma legal que permita sancionar con prisión a  los patronos que no cumplan con su obligación de afiliar a sus empleados es innecesaria y exagerada, según empresarios.

Tras revelar que solo el 24% de la población económicamente activa está afiliada al seguro social, el presidente Rafael Correa anunció en su último enlace radial que remitirá a la Asamblea  una reforma legal “para que sea penal, cárcel, al patrono que no afilie a su trabajador, porque es robarle”.

Según María Gloria Alarcón, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, la legislación vigente contempla sanciones suficientes para controlar a las empresas, por lo que ve innecesaria una reforma legal. “La ley está hecha para que se cumpla y se deben ejercer los controles... y quienes no afilien a sus empleados deben estar sujetos a la sanción de ley”.

Según Alarcón, si se va a hacer alguna reforma legal debería ser en el sentido de facilitar el trámite del pago de aportes, “de que esto pueda ser electrónico, que se puedan llenar y pagar las aportaciones de la seguridad social por internet”.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, considera que una medida como la propuesta por el Gobierno no es la solución. Aspiazu señala que el problema radica en el sector informal, “como los costos de la contratación laboral en el marco formal han tendido a incrementarse por una serie de medidas recientes y anteriores es obvio que mucha de esa gente prefiere no afiliar”.

Por su parte, Javier Durán, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, opina que la penalización es una medida extrema. Él propone un diálogo con empresarios para hacer cumplir la ley.

Para ampliar la cobertura del seguro social en todo el país, el Gobierno diseña una propuesta de reforma integral al Sistema de Seguridad Social, proyecto a cargo de Jeannette Sánchez, nueva ministra coordinadora de Desarrollo Social.

Esta contempla el fortalecimiento del Seguro Social Campesino, los sectores informales y trabajadores en relación de dependencia como las empleadas domésticas.

Según Sánchez, quien asumió su cargo el lunes pasado, esa reforma será una de sus prioridades. Añadió que al momento se realiza un estudio que respete la Constitución, que defina la autonomía y las instancias de un sistema rector de coordinación que controle todo el sistema de seguridad social.