Las lanzas se levantan como rechazo a actividad petrolera

Suenan los golpes de una campana y la lodosa  plaza central de la comunidad kichwa Sarayacu (Pastaza) empieza a poblarse. Llegan niños y niñas con lanzas en las manos y sus caras pintadas de negro con diversas figuras de animales. Se concentran los jóvenes, los adultos y ancianos. La respuesta es inmediata al llamado hecho por los cinco curacas, líderes de sus respectivos sectores y que forman el denominado Consejo de Gobierno de Sarayacu.

La mañana del 4 de mayo se suspenden todas las actividades en esta comunidad, ubicada a media hora de vuelo al sureste de Puyo o a siete horas en bote por el río Bobonaza, de un puerto de Canelos, a dos horas en carro desde la capital de Pastaza.

Los comuneros ingresan a la casa comunal y escuchan la decisión de la asamblea, del 31 de mayo, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana que rechaza, “por inconsulta”, la decisión gubernamental, suscrita por el ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, el 8 de mayo del 2009, de reiniciar las operaciones “determinadas en los contratos de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos en los bloques 23 y 24 de la región amazónica”.

¡Llukshi kaymanta CGC! (Fuera CGC), dice una mujer y se hacen eco todos los asistentes. Ellos se refieren a la petrolera argentina que en el 2003 había abandonado la exploración en el bloque 23, que involucra la mayor parte del territorio de 135.000 hectáreas  otorgadas por el Estado a Sarayacu.

El bloque 24 corresponde a territorio shuar, en los límites entre Pastaza y Morona Santiago, donde la estadounidense Burllington tampoco pudo explotar desde 1998. En ambos casos hubo la oposición indígena en defensa de sus territorios ancestrales y la selva virgen.

Mientras transcurre la reunión de Sarayacu aparecen por un sendero unos 150 jóvenes, también pintados, con lanzas y cartelones de rechazo a la actividad petrolera. Entonces en la plaza se improvisa una marcha con casi 300 de los 1.150 sarayacu. Y el grito retumba en la selva: ¡Llukshi kaymanta CGC!

Hilda Santi es una de las que protestan. Estudia en sexto curso de agropecuaria y tiene 45 años. “Todo Sarayacu estamos levantados porque Correa está violando la Constitución. Estamos listos con nuestras lanzas para defender territorio”, dice. Refiere que el art. 14 de la Constitución garantiza el derecho al sumak kawsai o el buen vivir. “Para nosotros eso es respeto a la madre tierra o Pachamama. Presidente está irrespetando y hasta niños ya se dan cuenta y están en lucha”, agrega.

Federico Gualinga, de 20 años, afirma que era pequeño cuando los mayores se levantaron y  con sus lanzas expulsaron en el 2004 a la CGC, adjudicataria del bloque 23 desde julio de 1996. Esa lucha hizo que en el 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares (de protección) en favor de la comunidad. Holger Cisneros, presidente del Consejo de Gobierno de Sarayacu, dice que su postura se basa en convenios internacionales suscritos por el país, como la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.

Pero la orden gubernamental de reiniciar las actividades petroleras en los bloques 23 y 24 enfrenta también el rechazo de las empresas. Incluso CGC demandó, en marzo pasado, al Estado ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), acusándolo de no dar garantías para su operación. En días pasados el gerente de CGC en Ecuador, Ricardo Nicolás, anunció que las pérdidas a reclamar sumarían $ 150 millones. El plazo de seis meses para un arreglo amistoso vence en septiembre.

Contra Burllington, adjudicataria del bloque 24 desde 1996, hay una resolución del Tribunal Constitucional, de 1998, que indica que la compañía violó los derechos colectivos al ingresar a territorio shuar sin consultar a sus miembros. Además, esta es subsidiaria de la petrolera francesa Perenco, a quien el Gobierno retuvo un cargamento de crudo que ahora anuncia rematará para cobrar impuestos que la empresa se niega a pagar.

La lucha antipetrolera de Sarayacu ahora toma más fuerza porque se están integrando comunidades que hasta hace cinco años eran enemigas, pues apoyaban la extracción petrolera, como Pacayacu y Canelos, cuyos pobladores en ese entonces hasta les prohibieron el paso por el río Bobonaza. En la actualidad, dirigentes de Sarayacu capacitan a los comuneros de esas poblaciones sobre el plan de vida, la protección de la selva frente a las petroleras y el autosustento. Ese proceso se ejecuta con un presupuesto de $ 600 mil donados por el Gobierno Vasco.

El modelo de vida de Sarayacu es admirado a nivel internacional, afirma Mario Santi, coordinador de la campaña de resistencia. Se basa en la conservación de la selva, desarrollo de la educación y el turismo sostenible. La consigna de cuidar su selva la transmiten los ancianos y la practican los niños. El territorio de 135.000 ha está dividido para habitar, cazar, cultivar y mantener reservas de flora y fauna.

La educación presenta gran desarrollo. De los 1.150 habitantes, 500, de toda edad, estudian entre las cinco escuelas y el colegio. Una donación europea permitió que 26 indígenas se graduaran de licenciados en diversas ramas aplicables a la zona. Hoy ellos laboran como técnicos y profesores.

La ayuda internacional de unas seis ONG promedia entre $ 50 mil y $ 80 mil al año. Para obtener dinero, se dividen en grupos productivos. Por ejemplo, unos crían pollos, otros se dedican a la piscicultura o siembran yuca y plátano. Cada uno vende a su vecino lo que produce. El turismo lo manejan en comunidad. De cada visitante se recogen $ 10 como impuesto, destinado a la gestión en busca de fondos.

El dirigente Holger Cisneros reclama respeto a esa forma de desarrollo. El ministro Palacios en la carta que dispone el reinicio de las tareas petroleras   señala que la Secretaría de Pueblos “dará el apoyo necesario para lograr condiciones razonables de seguridad en el área respectiva”. Hasta ayer esa entidad no hacía presencia en ambos bloques. Los dirigentes de Sarayacu y los shuar han sido invitados por el Gobierno a dialogar en Quito, pero ellos condicionan a que no se explote.

Diego Sherriff, vocero de CGC, dijo, hace diez días: “Nos parece que el Ministro no ha aprendido nada de lo que ha pasado en la zona los últimos años. Nosotros aprendimos que en Sarayacu existe un problema de mucha sensibilidad social frente a la actividad de hidrocarburos... Por tanto, consideramos inviable reiniciar operaciones”.