• Fotos

Ampliar imagen

QUITO. Manuel Silva (i), ex director de la UIES, y su abogado Ramiro Aguilar, tras una comparecencia en abril pasado.

El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, negó que la disposición de realizar tareas de contrainteligencia de las actividades de jueces y fiscales –solicitada por el ex director general de Operaciones de la Policía, general Juan Sosa– haya salido del Gobierno y se ratificó en que la indagación sobre el origen de la orden está en manos de la Fiscalía.

“En lo que respecta a nosotros el asunto está saldado y suficientemente aclarado”, dijo.

Sin embargo, expresó su preocupación por la facilidad con que documentos relacionados con seguridad y defensa salen a la luz pública antes que sean conocidos por las autoridades militares, policiales y de Gobierno.

“Todos los documentos de los organismos de seguridad tienen una gran facilidad para filtrarse y muchas veces la prensa conoce antes que las autoridades”, afirmó.

Mientras tanto, quienes se consideran afectados por las actividades de inteligencia continúan planteando sus dudas.

Ayer Ramiro Aguilar, abogado del mayor Manuel Silva, ex jefe de la eliminada Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), denunció que supuestamente por pedido de un alto funcionario del Gobierno la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Bancos entregó información sobre los movimientos financieros de los ex integrantes de la UIES y de sus familiares.

Entre los indagados, señaló, también estaría el mayor de Policía Rommy Vallejo, jefe de la Unidad de Inteligencia de la Presidencia de la República.

“Hace más de dos meses nos enteramos de este absurdo y conocemos el contenido de la información que se sacó, de manera clandestina”, dijo el abogado Aguilar.

Vallejo, no obstante, aseveró que no ha conocido de algún seguimiento a sus actividades o a sus cuentas. Tampoco ha solicitado alguna investigación al respecto.

El director de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Bolívar Mena, también negó que desde la institución militar se haya investigado al mayor Rommy Vallejo o a los ex miembros de UIES. Su tarea, aseguró, está vinculada a temas de seguridad externa. 

Para Ramiro Aguilar, la Unidad de Inteligencia Financiera debe explicar si entregó información referente a los oficiales, pues recordó que esos datos solo pueden ser requeridos dentro de un proceso judicial.