El Presidente en recientes declaraciones ha dicho que el Ecuador va a salir del Ciadi, lo cual no luce, por el momento, como una buena idea, por lo menos mientras no haya un organismo sustituto que merezca la confianza de las siempre temerosas inversiones externas que, consecuentemente, vendrán en menor medida al Ecuador.
El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones, una organización internacional que nació en 1965 por iniciativa del Banco Mundial de la cual son parte más de 130 estados que, previo convenio con nacionales (empresas o ciudadanos) de otros estados, someten sus controversias derivadas de los contratos celebrados, a la jurisdicción de ese Centro, competente para resolverlas a través de procedimientos de conciliación y arbitraje, con independencia del derecho interno. En otras palabras, y para que lo entiendan con mayor facilidad quienes no trajinan alrededor de estos temas, el Ciadi es una especie de juzgado internacional integrado por árbitros/jueces, generalmente expertos en el área jurídica o comercial o industrial o financiera, con sólida formación académica y moral. El convenio que dio origen al Ciadi entró en vigor en 1966 y Ecuador se adhirió al mismo en 1986, antes que muchos países latinoamericanos.
Según las referidas declaraciones de Rafael Correa y las de anteayer del Canciller en el marco de la XXXIX Asamblea General de la OEA, el gobierno del Ecuador piensa, sobre este tema, igual que el de Venezuela, donde se ha dicho que el Ciadi se pronuncia en la mayoría de los casos a favor de las empresas inversionistas extranjeras, pues el sistema, por su estructura y objetivos, tiende a beneficiar a estas, además de que resulta perjudicial ir a litigar ante jueces foráneos en un idioma y en un sistema procesal extraños, con elevados gastos en abogados, peritos y testigos. La verdad es que el Gobierno ha venido pronunciándose en este sentido desde el 2007 en que lo anunció la ministra de Relaciones Exteriores de la época y parece que se va a concretar ahora.
Si bien la Constitución califica al principio de seguridad jurídica como derecho constitucional, el futuro inversionista extranjero sentirá que sus fondos están desprotegidos si se ve obligado a someter sus divergencias con el Estado al conocimiento y resolución de los jueces ecuatorianos, pues en el ámbito nacional e internacional se sabe del dudoso desempeño de gran parte de quienes integran nuestra Función Judicial, lo que quiere decir que las condiciones para denunciar (separarse) el convenio internacional que ampara al Ciadi no están dadas todavía. Primero es necesario fortalecer y capacitar al poder Judicial para que nacionales y extranjeros confiemos en sus decisiones pues la confianza no se crea a través de leyes ni decretos.
Si para el Gobierno la separación es inevitable, para que sea efectiva requerirá del pronunciamiento previo de la Asamblea Nacional y la espera de seis meses luego de la notificación escrita al Banco Mundial. Mientras tanto, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), a quien le encargarán el tema y ante la complejidad del mismo, se tomará un largo tiempo en estructurar una jurisdicción arbitral regional que sea una alternativa al Ciadi y a otros organismos arbitrales internacionales, por lo que los centros de arbitraje de las cámaras de Comercio de Guayaquil y de Quito, que cada día tienen más confiabilidad y respeto, podrán encargarse provisionalmente de resolver las disputas derivadas de las futuras inversiones en el país, pues este procedimiento no estaría en manos de los jueces convencionales y se sujetaría a la Constitución al no implicar cesión de jurisdicción soberana. Una sugerencia al Gobierno y a los futuros inversores.