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Los juzgados de la Niñez y la Adolescencia en Guayaquil atienden diariamente a decenas de demandas por alimentos.

Ayer se remitió al Ejecutivo el proyecto que reforma el Código de la Niñez y Adolescencia que modifica la tabla de pensiones por alimentos y convierte en deudores subsidiarios a los abuelos, hermanos y tíos del menor, quienes deberán pagar la pensión en caso de ausencia, impedimento o insuficiencia de recursos o discapacidad de los padres biológicos.

El proyecto contiene 45 artículos, 2 disposiciones generales y 8 transitorias. En ese paquete de reformas se modifica la forma de presentar una demanda por alimentos, pues ahora no será necesaria la asistencia de un abogado ya que el demandante solo debe llenar un formulario donde hará constar las pruebas que justifiquen la relación de parentesco del reclamante y la condición económica del alimentante.

Lo mismo ocurre con las demandas de alimentos contra abuelos y tíos, que ahora se tramitarán a través de formularios. Para el juez 7º de la Niñez, Julio Sánchez Crespo, esta reforma acelerará ese proceso. “Esto es solamente traspasar la responsabilidad de la pensión ya sea al abuelo, hermanos y  tíos, sin hacer ningún trámite”.

En el primer día de publicación de la ley en la página web de la Comisión Legislativa cinco ciudadanos dejaron sus comentarios. Fabián Muñoz se quejó de que es “inverosímil que la deuda de alimentos sea castigada con cárcel, cuando la Constitución garantiza la libertad. Ni los estafadores ni las deudas son motivo de cárcel”.

En cambio, Víctor Moya comentó que es bueno fijar pensiones dignas, pero “creo que es una equivocación poner a otras personas como responsables del pago, esto provocará que aumente la irresponsabilidad”.

Ángel Vera, en cambio, advierte en su comentario que “cualquiera que ande regando hijos podrá meterle preso 60 días a su cuñado para que pague los alimentos”.

Mientras, Carmen Baquerizo considera injusta la medida ya que no estaría dispuesta a pagar una pensión que le corresponde cancelar a su hermano, quien tiene cuatro hijos de tres compromisos anteriores.

La ley aprobada permite al Consejo de la Judicatura la contratación emergente y provisional de jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia en el número que sea necesario para Quito, Guayaquil, Manta, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y en las capitales de provincia, con el propósito de disminuir la mora procesal.

A nivel nacional se espera incrementar 40 juzgados hasta fines de este año. Actualmente existen 42. En Guayaquil, el número de juzgados pasó de cinco a doce el mes pasado. Estos  han recibido 2.692 demandas de alimentos en lo que va del año, según la Corte de Justicia.