Dos presuntos delincuentes (uno menor de edad), acaban de morir quemados vivos en un “ajusticiamiento colectivo” en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos.

Este suceso trae a la memoria un caso suscitado en España, en el pueblo de Fuenteovejuna. Allí, el pueblo, cansado de tanto abuso, ajustició al gobernador Fernán Gómez de Guzmán.

Según la famosa obra de Lope de Vega, el responsable de la muerte fue todo el pueblo, lo que llevó al Rey Fernando de Aragón a decretar que “aunque fue grave el delito, por fuerza ha de perdonarse”.

Pero claro, en el siglo XXI, estos “actos primitivos” como los ha llamado el fiscal general Dr. Washington Pesántez, son intolerables, al igual que los azotes públicos característicos de la justicia indígena, que a pretexto de tradiciones ancestrales se siguen justificando con lecturas incompletas de la “Constitución de derechos” recientemente aprobada en Montecristi.

Ante estos sucesos, se han iniciado ya varios procesos penales para sancionar a los miembros de nuestras Fuenteovejunas criollas, que probablemente derivarán, tal como ocurre con la mayoría de los procesos penales que se instauran en el Ecuador, en la más absoluta impunidad.

¿Por qué la reedición de Fuenteovejuna en Valencia del Ecuador? Simplemente porque nuestra Función Judicial, que incluye Fiscalía General del Estado, juzgados y Consejo de la Judicatura, no ofrece ninguna garantía para que los ciudadanos reciban una tutela judicial efectiva.

Pese a los esfuerzos de los doctores Washington Pesántez y Xavier Arosemena, lo que vivimos día a día quienes estamos inmersos en la actividad judicial, no puede ser peor. Salvo contadas excepciones, lo que se encuentra es corrupción a cada paso; demoras por doquier; incompetencia alarmante, presiones e injerencias indebidas, etcétera, al punto de que hoy por hoy en el Ecuador la justicia es una mercadería más.

¿Cuánto creen que tarda un proceso civil, por ejemplo, para el cobro de una obligación dineraria? Varios años, de cuatro a cinco. ¿Un juicio contencioso administrativo contra las arbitrariedades del Poder? De cuatro a seis años. Y no hablemos de los juicios penales.

¿Una acción de protección? Supuestamente preferente, que no debiera durar más de ocho días, tarda semanas.  Y esto, únicamente para obtener sentencias. Luego, para ejecutarlas, otros tantos años.

¿Las quejas contra los funcionarios judiciales? Interminables meses.

Frente a esta realidad, es verdaderamente un milagro que en el Ecuador no tengamos más ajusticiamientos. No se puede seguir jugando con la paciencia de los ecuatorianos.

Nuestros socialistas criollos, propietarios de viviendas en los barrios más lujosos del país, cuyos hijos se educan en colegios privilegiados y miembros de exclusivos clubes sociales, seguramente no sienten la impotencia que soportamos la mayoría de los ecuatorianos al constatar toda esta farsa en que, en materia judicial, se ha convertido la Revolución.

¿Qué cambió en la Administración de Justicia en estos años? ¿Acaso creen que facilitando la sustracción de celulares, arreglando tres comisarías y dictando confusos códigos que pocos entienden, tendremos un sistema judicial ágil y probo?

Tal parece que el principal mérito de la Revolución del siglo XXI ha sido la reedición de Fuenteovejuna y la sustitución del abogado mejor pagado del país. Por desgracia, parece que este es solo el comienzo.