- MAY. 14, 2009 - Foto - Política - EL UNIVERSO
QUITO. El complejo de la Superintendencia de Compañías será uno de los escenarios que podrán ser ocupados por personas particulares, a raíz del decreto firmado por el Presidente.
El Club de Empleados del Banco de Fomento luce descuidado por la falta de aportes de los trabajadores para su mantenimiento.
Pese a que el presidente Rafael Correa firmó la tarde del martes el decreto para que las instalaciones deportivas y recreativas de las instituciones públicas sean abiertas a la ciudadanía en general, el acceso a los 22 centros recreacionales (de las once instituciones que accedieron a entregar información) se haría efectivo en un año.
Las entidades que constan en el listado del Ministerio Coordinador de Patrimonio son: Banco Central (3 centros), Banco Nacional de Fomento (1), Corporación Aduanera Ecuatoriana (1), Corporación Financiera Nacional (1), Instituto Geográfico Militar (2), Ministerio de Relaciones Exteriores (1), Petroecuador (1), Petroproducción (9), Secretaría de Telecomunicaciones (1), Superintendencia de Bancos (1) y Superintendencia de Compañías (1).
Sandra Vela, ministra del Deporte (institución que se encargará de la administración), informó que dos de los 22 centros funcionarán como “casos piloto” entre julio y agosto de este año. Dijo que aún se están definiendo los aspectos legales y presupuestarios de cada local a fin de determinar los dos más “interesantes” para arrancar.
Además, según el decreto, se debe realizar una evaluación del personal que trabaja en estos centros y, en caso de que existan cargos innecesarios, aplicar supresión de puestos.
El Estado se convierte en la primera fuente de financiamiento para el mantenimiento de instalaciones; pero el Ministerio del Deporte buscará otras complementarias para conseguir el apoyo del sector privado o “cobrando unos costos mínimos (de ingreso)”, según Vela.
Todos estos detalles se definirán en un reglamento en el que trabajan el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Patrimonio y la Secretaría Nacional de Remuneraciones. El Ministerio de Finanzas interviene de forma indirecta.
Según el Ministerio de Patrimonio, el 36,2% del financiamiento de estos centros proviene del presupuesto institucional ($ 192.725), el 33,4% de “otros” ($ 177.698), el 29,7% de autogestión ($ 158.234) y el 0,7% de la asociación de empleados ($ 3.673). En total, el presupuesto para el financiamiento asciende a $ 532.330.
Unos 9.900 funcionarios públicos y sus familias que laboran en las once instituciones son beneficiarios de las instalaciones y, el déficit de uso de estas, de acuerdo con la capacidad de la infraestructura, asciende a 541.000 usuarios al año.
Según el subdirector del Instituto Geográfico Militar, William Aragón, el organismo no tiene instalaciones privadas para sus trabajadores y aclaró que son unidades militares, donde hay viviendas para los oficiales y voluntarios de las FF.AA.
Sobre unas instalaciones en la isla de Muisne, frente a Esmeraldas, señaló que por la misión del IGM deben ser salvaguardadas para el trabajo de campo y monitoreo. “Hay desinformación en ese sentido, no son clubes privados sino instalaciones militares”.