A fines de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió la sentencia dentro del caso iniciado por más de 30 periodistas venezolanos vinculados al canal Globovisión con motivo de las agresiones que habían venido sufriendo.  La Corte condenó a Venezuela por violar la libertad de expresión garantizada por la Convención Americana de Derechos Humanos; por falta de pruebas, no aceptó otros cargos.

La sentencia trae consideraciones de suma trascendencia. La Corte encuentra incompatible con la Convención esa atmósfera de hostilidad que el Gobierno venezolano fue creando en sus discursos llenos de instigación, embestidas verbales y desprestigio contra la prensa y periodistas, y en particular contra quienes trabajaban en Globovisión. Ese ambiente, formado por la pertinaz llovizna de palabras de violencia y terror emanadas desde el poder, fue, a juicio de la Corte,  un factor determinante de las agresiones físicas que luego sufrieron los reclamantes en manos de simpatizantes del Gobierno.

Para la Corte “…dichos pronunciamientos de altos funcionarios públicos propiciaron, o al menos contribuyeron a acentuar o exacerbar, situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión…” contra los periodistas. Es más,  “algunos contenidos de los referidos pronunciamientos son incompatibles con la obligación estatal de garantizar los derechos [de los periodistas]… a la libertad de buscar, recibir y difundir información…”.

Entre los argumentos de Venezuela que la Corte no aceptó fue el que los discursos oficiales no eran realmente contra los periodistas sino contra los propietarios de los medios. Según la Corte, la alta investidura que gozan los funcionarios públicos exige que sus pronunciamientos se llenen de una suprema prudencia y diligencia, mayor aún a aquella exigida a los particulares.

La sentencia representa un gran avance en la jurisprudencia garantizadora de la libertad de expresión al incorporar la violencia verbal de los gobernantes contra los medios de comunicación y los periodistas como elemento clave al evaluar la conducta de un gobierno hacia la prensa a la luz de la Convención.
El poder de las palabras adquiere una fuerza singular cuando las palabras son del poder, y más aún cuando son palabras llenas de ofensas y dichas constantemente.

Las reflexiones de la Corte rebasan ciertamente lo estrictamente jurídico. A una semana de su triunfo electoral el Presidente volvió a ensuciar la atmósfera nacional con una catarata de insultos. Esta vez incluso contra ecuatorianos que no votaron por él. Hipócritas, cómo pueden votar por un masón que “le pegaba a su mujer” ustedes que se dicen cristianos. ¿Está el Presidente autorizado, o cualquier otro ciudadano, por cierto, para hacer semejante declaración y juicio de valor? ¿Caben estas palabras de instigación al odio, y frases con ribetes fanáticos y de falso moralismo, en una democracia del siglo XXI? ¿Qué les espera entonces a los miles de indígenas que no votaron por él y que superan largamente en número a esos “falsos cristianos”?

Años atrás otro poderoso político arremetió contra quienes votaron por un candidato de otro partido tildándolos de “rateros y prostitutas”. Se ve que no hemos progresado mucho en el Ecuador.