Por lo visto, en el SRI prima la tesis de que los derechos solo se le confieren al que reclama. Es lo que debemos deducir de la declaración de su titular de que como solo ocho ciudadanos exigieron que se respete su privacidad y se le impida al Estado que investigue en sus bienes personales, entonces solo con ellos se hará esa excepción.

No es así como funcionan las sociedades democráticas, donde todos los seres humanos son concebidos como iguales en derechos. Si a esos ocho ciudadanos un juez los ha blindado contra la voracidad informativa que caracteriza a ciertos estados y gobiernos, entonces cada ecuatoriano debe recibir la misma garantía.

El economista Carlos Marx Carrasco hace bien en querer mejorar la recaudación tributaria, pero hace mal en desconocer preceptos constitucionales básicos.