El presidente de Bolivia,  Evo Morales, convocó ayer a instituciones del Estado y a las Fuerzas Armadas a una reunión para asumir un “pacto contra el terrorismo” tras desarticular una banda de supuestos mercenarios que planeaba atentar contra su vida y separar la rica provincia de Santa Cruz.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró que también fueron invitados los cuatro gobernadores de oposición pero estos no confirmaron su asistencia. 

“Si no asisten tendrán que explicar al país”, dijo el funcionario, quien agregó que el Gobierno proyecta un decreto para confiscar bienes de personas involucradas en terrorismo.

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Tras las revelaciones del fiscal sobre los supuestos vínculos empresariales con un grupo de milicianos que supuestamente buscaba matar a Morales y separar Santa Cruz, el Gobierno señaló que se deben tomar todas las medidas legales para evitar que incuben “afanes terroristas separatistas”, según el senador del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Rojas.

Para frenar lo que califica de impulsos separatistas, Morales dispuso en las dos últimas semanas fortalecer la presencia militar en el departamento de Santa Cruz: primero movilizó entre 300 y 500 efectivos a la frontera con Brasil y luego decidió construir un megacuartel en esta región que albergará 1.000 militares.

“Hay que acusar a estos malos bolivianos por traición a la patria (un delito que tiene 30 años de cárcel)”, dijo Rojas.