LATACUNGA. Los linchamientos que se han registrado en la zona rural de Cotopaxi preocupan a las autoridades judiciales.
Un mecanismo efectivo para frenar los ajusticiamientos sería la aprobación de una ley que determine los parámetros de aplicación de la justicia indígena, cuyas normas deben ser compatibles con la jurisdicción ordinaria.
Ese planteamiento fue realizado por el ex juez penal de Cotopaxi, experto en justicia indígena, Carlos Poveda, frente a los ajusticiamientos ocurridos en su provincia, donde un ciudadano falleció al ser linchado y quemado por haber robado un equipo de sonido.
Linchamientos que, a juicio de Poveda, no son parte de los hechos que juzga y sanciona la jurisdicción indígena, prevista en la Constitución, en razón de que fueron actos colectivos en los que participó una muchedumbre, sin que pueda identificarse a los responsables del hecho violento.
Con este último criterio coincidió el presidente del Consejo de la Judicatura, Xavier Arosemena, quien aseveró que los linchamientos no son más que la aplicación novelera de la justicia indígena, porque ese tipo de acciones no están contempladas en la Constitución.
“Lanzar gasolina y prender fuego a una persona no es la aplicación de un sistema ancestral, ya que los indígenas antes de la conquista no tenían gasolina”, manifestó. En esos casos, agregó Arosemena, deben actuar los fiscales, los jueces y la policía.
Según Poveda, los asambleístas deberán trabajar en una ley de compatibilización que conjugue las visiones de justicia indígena y occidental, ya que de acuerdo con las nuevas normas constitucionales, cualquier reforma legal debe ser consultada a los pueblos ancestrales.
Poveda aseveró que para que se configure un hecho de justicia indígena debe existir un conflicto interno con un miembro de una misma comunidad, que tenga identidad de convivencia ancestral y de lenguaje. Además, el sistema jurídico por aplicarse deberá respetar la vida, las costumbres y el derecho consuetudinario.
Mientras, los linchamientos ocurridos en Cotopaxi, de forma reincidente, han sido actos emotivos de una muchedumbre en los que los sujetos ajusticiados no son indígenas.
Otra de las alternativas para frenar este tipo de violencia, a juicio de Poveda, sería la educación a las comunidades indígenas; no obstante, Arosemena sostiene que el Consejo de la Judicatura, a diferencia de la Fiscalía, no tiene recursos para una eventual capacitación de los dirigentes indígenas.