El robo de celulares ahora es sancionado con prisión de cinco a siete días, pena que debe ser impuesta por los comisarios.
Si le roban sin violencia el retrovisor de su vehículo, la radio, una llanta o un celular, cuyo costo no sobrepase los 654 dólares, la denuncia deberá presentarla ahora en las comisarías de policía y no en la Fiscalía, pues este hecho ya no es considerado delito, sino una simple contravención.
Así lo estipula la reforma al numeral 1 del artículo 607 del Código Penal (CP), aprobado con 50 votos por la Comisión Legislativa y de Fiscalización el 17 de marzo de este año.
Los cambios se aplican desde el pasado 24 de marzo, tras su publicación en el Registro Oficial Nº 555.
El presidente de la República, Rafael Correa, vetó parcialmente el documento y el Legislativo tramitó las observaciones, pero conservó tres de los textos originalmente aprobados por la mayoría.
En la modificación al artículo 607 se establece que para catalogar un hecho como delito el monto de la pérdida debe superar las tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador (cada una es de $ 218).
Antes de la reforma al Código la suma que se consideraba era de 4 dólares, igual a un salario mínimo vital.
La norma, donde solo se reformó el monto, indica también que los infractores serán reprimidos con multa de 14 a 28 dólares y prisión de cinco a siete días, a criterio de la autoridad.
El fiscal provincial del Guayas, Antonio Gagliardo, aclaró que la norma abarca incluso los catalogados como robo simple, aquellos que se cometen con fuerza sobre las cosas, pero no a las personas.
“Si alguien se mete a una casa y se lleva un televisor o un equipo que no cueste más de 654 dólares, ese es un robo simple donde interviene como juez competente el comisario”, explicó Gagliardo.
El funcionario aclaró que si durante estos hechos se producen lesiones, heridas o la muerte de alguna persona, ya se torna en robo agravado, porque hay violencia, y esto pasa a ser delito, independientemente de que el monto perdido sea inferior a los tres salarios.
El fiscal provincial puso de ejemplo la sustracción de un celular mediante la amenaza de una pistola. “Eso es delito, aunque el aparato cueste 100 o 20 dólares”, expresó Gagliardo.
En la Corte
El hurto (sustracción de una cosa), que antes era tramitado a través de la Fiscalía por ser un delito de acción pública, ahora será conocido por los jueces.
El agraviado debe presentar un escrito, por medio de un abogado, en la Corte Provincial para que sea sorteado a uno de los jueces de garantías penales, quienes lo tratarán de la misma forma que las querellas por injurias calumniosas.
Estos delitos ahora son de acción privada, al igual que la estafa a menos de 15 personas, la violación de domicilios, la revelación de secretos de fábricas y las lesiones que no superen los 30 días de enfermedad o incapacidad para el trabajo.