Restos del aparato en el que murió la ex ministra de Defensa.
QUITO. Jorge Gabela (d) es uno de los once oficiales que tiene instrucción fiscal por la muerte de Guadalupe Larriva.
Once oficiales del ex alto mando militar de las Fuerzas Armadas enfrentan desde ayer un proceso penal por la muerte de la ex ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, su hija Claudia, y cinco ex miembros del Ejército, luego de la audiencia de formulación de cargos donde la Fiscalía los acusó del presunto delito de homicidio no intencional.
En la audiencia, que se desarrolló en medio de incidentes protagonizados entre la familia de las víctimas y los abogados de los acusados, el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, dio las razones por las cuales consideró que los once militares cometieron omisión y negligencia, errores que podrían haber provocado la muerte de Larriva.
Entre los argumentos, Alvear mencionó los informes de las investigaciones del accidente, que determinaron como la razón principal del percance una falla humana.
Ello, considerando que no se cumplió ni se respetaron las normas de seguridad en el ejercicio militar de combate, del que participó la ex ministra.
La decisión de la Fiscalía provocó la reacción de la defensa de los procesados, quienes sostuvieron que el trámite de la causa solo busca que se indemnice a los familiares de quienes fallecieron el 24 de enero del 2007; afirmaciones que fueron rechazadas por la familia de los oficiales, en medio de un cruce verbal.
Los oficiales procesados son:
General Jorge Gabela
General Héctor Camacho
General Pedro Orellana
General Hugo Guerrón
Coronel Patricio Vázquez
Coronel Hugo Villacís
Coronel Byron Romero
Coronel Patricio Arcos
Teniente coronel Iván Moreno
Oficial Ernesto Piñeiros
Oficial Álex Segovia.
Aunque la instrucción se inició por el delito de homicidio inintencional, reprimido con una sanción de seis meses a dos años de prisión, Alvear no solicitó medidas cautelares para los acusados.
No obstante, Víctor Granda, abogado de la familia Larriva, aseveró que buscará una figura legal que determine una sanción mayor, que vaya desde los seis a los nueve años.
Además, Granda, al igual que el resto de abogados de los fallecidos, solicitaron al fiscal que pida al juez dictar la medida cautelar de prohibición de abandonar el país, a fin de garantizar la comparecencia de los acusados en el juicio.
Todo ello fue pedido por Granda, pese a que aceptó que no hay pruebas de que los oficiales hayan intentado asesinar a la ministra, aunque –dijo– violaron los reglamentos internos y omitieron advertir a la ministra sobre el peligro que acarreaba abordar la aeronave.