Por: Gregory Gines Vinces *
La idea de crear el Banco del Afiliado es un tanto vieja, nacida al calor de las conquistas magisteriales de 1923 (Ley de Preparación de las Jubilaciones del Magisterio), que en su artículo 11 mandaba al Ejecutivo fundar un Banco de Crédito con todas las operaciones permitidas por la ley de bancos. Luego, a principios de la década de los ochenta, la tesis es enarbolada en las otroras gloriosas marchas del Primero de Mayo de obreros, maestros y trabajadores, cuyo propósito principal era preservar los recursos de los trabajadores aportados al IESS, evitar su privatización y competir con la banca comercial, convencidos de la fortaleza de la institución que recauda sus ahorros laborales; y que deberían servir para mejorar las prestaciones de salud, vejez, muerte, viudez, orfandad y riesgos del trabajo, básicamente.
Esta idea ha sido desvirtuada por el gobierno del presidente Correa y la actual Constitución, al proponer la creación de una banca de inversión que no podrá captar abiertamente ahorros del público y cuyo objetivo general es generar empleo y valor agregado (transitoria vigésimo tercera de la Constitución y proyecto de gobierno), asemejándola a la banca pública nacional tipo Banco de Fomento, Banco del Estado, etcétera; es decir, un banco al servicio de las políticas del gobierno de turno, por ello, la conformación del directorio de este banco responde al interés del Gobierno, y seguramente el ‘Congresillo’ la va a aprobar, el resto de la discusión, es puro cuento.
Vale recordar que la actual Constitución, así como las de 1945 parcialmente, 1967, 1978, expresamente señalan que: “los fondos y reservas del Seguro Social son propios y distintos de los del fisco y que servirán (o se destinarán) a los fines de su creación y funciones”. Aspecto que no siempre es compatible con la política gubernamental de crear empleo y valor agregado; el más claro ejemplo, es la misma compra de bonos del Estado que hasta ahora quiere justificar el representante del Gobierno en el IESS y que fue claramente perjudicial para la institución. Si quieren números se los damos.
Ese equilibrio e independencia de recursos (autonomía), que sabiamente se ha mantenido con rango constitucional por más de 60 años, es imperativo que se respete en beneficio de una institución que acaba de cumplir 81 años de vigencia (13 de marzo), y que dicho sea de paso, ni el Gobierno ni el Consejo Directivo del IESS le prestaron atención.
Ese equilibrio e independencia, digo, deberían plasmarse a través de una conformación del directorio del Banco del Afiliado o Asegurado con representación exclusiva de sectores de afiliados, jubilados y pensionistas; el Director General del IESS; y un técnico del IESS (cinco en total); y la designación de dos comisarios: uno por parte del Gobierno y otro por los empresarios, esto, complementado por el control técnico de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
Recuerden que el artículo 372 y la disposición transitoria vigésimo tercera de la Constitución actual, consagran la propiedad del banco por parte del IESS, y esto debe darse en la práctica.
Actuar en contrario es deslegitimar esta conquista de los trabajadores ecuatorianos, ir contra la historia y proceder inconstitucionalmente.
Ex director del IESS del Guayas.*