Notoriamente exaltado, Fernando Cordero exhibía el martes pasado su indignación ante los reporteros porque el Consejo Nacional Electoral estaba impidiendo que en la campaña se utilizara la expresión “revolución ciudadana”. Denunciaba una especie de abuso sufrido por el Movimiento PAIS. Aclaró que él conocía que aquella locución no podía ser divulgada desde las instancias del Gobierno pero que eso no debería abarcar a los candidatos militantes porque, y así lo expresó, “nosotros somos los dueños de la revolución ciudadana”. Esto fue lo que oímos los televidentes –incluso los que mirábamos ECTV– y lo que nos dejó estupefactos. Tal vez el ánimo contendiente hizo que algo se le chispoteara al presidente de la Comisión Legislativa; ¿acaso pretendió decir: “hemos comprado el  copyright del eslogan de la revolución ciudadana”?

Lo cierto es que el Ecuador aprendió que los gubernativos eran los propietarios de la revolución ciudadana. Pone los pelos de punta la posición de que alguien se sienta amo de una revolución, porque esa apropiación –en germen o ya incubada y desarrollada– puede echar a perder el rasgo de amplia participación social que los oficialistas han querido imprimirle a la época que atravesamos. Si algún día se concreta la poco esclarecida revolución, esta no será más que la radicalización estructural de los logros de la democracia; por tanto, los ciudadanos que no estamos directamente vinculados con el Gobierno somos quienes hemos querido y decidido tal profundización. Sería tonto sostener, por ejemplo, que los peatones son los dueños de la revolución; pero si a alguien le pertenece el actual proceso es a la gente y no a una nueva élite poderosa.

Es harto significativo que este exabrupto haya sido proferido por un conspicuo representante de la partidocracia de ayer. Es el momento de exigir a nuestros gobernantes que también se cuiden del poder. Los tiempos actuales no piden revolucionarios que piensen con la lógica política de los aborrecidos partidos de antes. Los mandantes no estamos esperando solo la obra física del Gobierno sino, fundamentalmente, una modificación en las reglas del hacer político y en los propósitos y usos del poder. El discurso de Cordero evidencia el peligro de que, bajo un signo ideológico de supuesto cuño distinto –el de la revolución ciudadana–, las cosas sean las mismas de antes bajo otro membrete. Una genuina revolución apuntaría primero a modificar las prácticas políticas que se sostienen en una concepción del poder autosuficiente que ya hemos padecido.

Jean-Paul Sartre advirtió lo pantanoso que es el poder: “las ideologías son libertad cuando se están haciendo y opresión cuando están hechas”. Ciertamente, no puede haber poseedores exclusivos del proceso que vivimos; en todo caso, existen protagonistas y esos son los millones de mandantes y no los dirigentes del Movimiento PAIS. Con la comprensión de Cordero acerca de la situación presente, la revolución ya ha sido tergiversada desde adentro, pues separa odiosamente a una cúpula iluminada que sabe lo que el pueblo necesita –así proceden los amos, los patrones, los propietarios, los señores– de otro grupo que es vasallo de los jefes. La revolución ciudadana no solo depende del Gobierno. Es de la ciudadanía que siempre, bajo cualquier régimen, estará situada fuera del poder oficial.