El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos condenó ayer, desde Ginebra, la decisión del Gobierno ecuatoriano de cerrar   la ONG Acción Ecológica mediante el retiro de su personería jurídica por haber supuestamente “incumplido los fines para los que fue creada”.

Según sus dirigentes, tal medida representa una violación de la libertad de asociación garantizada en el artículo 67 de la Constitución Política del Ecuador, el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además, agrega su boletín de prensa, entra en contradicción con la nueva Constitución ecuatoriana, que erige la protección del medio ambiente al máximo rango normativo a nivel nacional.

El Observatorio recordó que esta decisión “se inscribe en un contexto de obstaculización y represión de las autoridades por las actividades y acciones de protesta de las organizaciones y movimientos que luchan a favor de la protección del medio ambiente”.

Acción Ecológica fue una de las agrupaciones que tuvo una posición crítica contra la Ley Minera, aprobada por la Comisión Legislativa.

El Observatorio solicitó  a las autoridades ecuatorianas que tomen las medidas  para que se ponga fin “a todo tipo de hostigamiento e intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en Ecuador”, asegurando la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea de la ONU el 9 de diciembre de 1998.