Las autoridades electorales acaban de aprobar un “Instructivo para la contratación de la promoción electoral” que obliga a los medios de comunicación a asegurarse de que la propaganda electoral respete las disposiciones que prohíben la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y la utilización de niños o adolescentes en cuñas publicitarias.

Es posible que la intención de los autores de este instructivo haya sido proteger al público, pero cometieron un error y atropellaron la Constitución, ya que los directores de los medios no son jueces, y peor aún pueden ejercer la censura. Con esto saldrán perdiendo los actores políticos, que estarán sometidos a la voluntad de los medios, que podrían ejercer ese poder de modo arbitrario, y también la prensa seria, que podría sufrir retaliaciones por una interpretación subjetiva de las autoridades electorales sobre el contenido de lo que publiquen.