Artículo 168, numeral 1, de la Constitución: “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley”.

Artículo 103 del proyecto de Código Orgánico de la Función Judicial: “Es prohibido a las servidoras y servidores de la Función Judicial (…) recibir o reunirse, en las causas que esté conociendo, a una de las partes o a sus abogados, sin que haya sido notificada previamente la otra por medio de la secretaria de la judicatura, con una antelación no menor a cuarenta y ocho horas”.

¿Para qué estas disposiciones? Simplemente para impedir que quienes imparten justicia obren por afecto, desafecto, temor, favor o corrupción. En definitiva, para garantizar sentencias justas.

Estas disposiciones, la primera vigente y la segunda próxima a regir, buscan preservar la independencia judicial, evitar cualquier injerencia indebida y cualquier presión que sobre un juez pueda querer ejercer alguna persona, incluyendo los gobernantes.

Lamentablemente, de forma pública se constata cómo las presiones e injerencias, que se pensó eran propias de otra época, continúan vigentes, con una única diferencia: antes eran escondidas, tras bastidores y en algunos casos utilizando como recaderos a otros jueces, incluso de la propia Corte Suprema. Ahora, en cambio, ya no se necesitan recaderos, ni hace falta reunirse en departamentos privados. No, ahora las cosas son abiertas, ya no hace falta esconderse. En definitiva, las viejas prácticas con otro ropaje. ¿Pruebas? Veamos.

Como consecuencia de la resolución del juez décimo de lo Civil de Guayaquil, Ab. Rafael Proaño, en el caso del Registro Civil, el periódico digital del Gobierno El Ciudadano, trajo la siguiente noticia: “El jefe de Estado, Rafael Correa, rechazó la resolución emitida por el juez décimo de lo Civil del Guayas (e), Rafael Proaño, quien ratificó la competencia exclusiva para que el Municipio de Guayaquil pueda otorgar cédulas de identidad en esa ciudad (…) El Mandatario señaló que esto evidencia cómo las mafias socialcristianas todavía están enquistadas en Guayaquil (…) Esto es una barbaridad señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Troya, cómo se puede permitir estas cosas, cómo puede haber estos abusos”. Sin decir aparentemente nada, el Presidente envía varios mensajes: el primero, que juez que no esté con el Gobierno será insultado públicamente con el peor epíteto político de la actualidad; y el segundo, que los jueces superiores deben intervenir para evitar que se dicten resoluciones en contra del Gobierno Nacional. ¿No es esto inequívocamente injerencia inconstitucional en la administración de justicia? ¿Qué juez quiere ser el siguiente en ser vejado públicamente?

¿Más pruebas?

En el diario El Telégrafo del día 4 de marzo aparece lo siguiente: “Conseguir información en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) es misión imposible. A la prohibición de ingreso de periodistas al edificio se suma la negativa de los jueces a dar declaraciones. Ayer vanos fueron los intentos por conseguir información sobre los resultados de la reunión-almuerzo que tuvieron el lunes cerca de 18 jueces de la Corte con el presidente de la República, Rafael Correa”. ¿De qué trataron en este almuerzo? Según lo refiere el diario Expreso, un magistrado habría afirmado que lo que el Presidente pidió fue “agilidad en los casos que son de interés para el Ecuador”, los que, según otro magistrado, son de peculado. ¿No es esto injerencia? En definitiva, lo único que cambió es que antes se reunían en algún departamento privado, en tanto que ahora las reuniones son en Carondelet.