SAN LORENZO, Esmeraldas. La red de narcotráfico supuestamente liderada por los Ostaiza operaba en la hacienda Campanita.
Ni las superintendencias de Bancos y Compañías ni el Servicio de Rentas Internas (SRI) ni el sistema financiero privado han enviado hasta el momento el historial financiero, empresarial y tributario de los hermanos Jefferson (fugitivo), Édison y Miguel Ostaiza Amay (en prisión) al fiscal Antinarcóticos del Guayas, Jorge Solórzano.
El Fiscal solicitó la información hace un mes como parte de su indagación del caso.
Aunque ya cerró la instrucción fiscal el viernes pasado, Solórzano insistirá a esos organismos para que le entreguen los datos.
Hasta el viernes de la semana pasada, ni el sistema financiero, ni la Superintendencia de Compañías, ni el Servicio de Rentas Internas (SRI) habían remitido el historial financiero, empresarial y tributario de los hermanos Jefferson (fugitivo), Édison y Miguel Ostaiza Amay (en prisión), que hace un mes solicitó el fiscal de Antinarcóticos del Guayas, Jorge Solórzano.
El pedido del fiscal es parte de una indagación previa, cuyos resultados preliminares identifican a los hermanos Ostaiza como líderes de una red de narcotráfico relacionada con los carteles de Cali y Sinaloa y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esa investigación también estableció vínculos entre los Ostaiza con el ex subsecretario de Coordinación Política, José Ignacio Chauvin, también bajo prisión.
“Hasta la fecha no me han mandado ni los saludos, por eso les estoy enviando un nuevo oficio para que me entreguen la información requerida lo antes posible”, dijo Solórzano.
Patricio Lovato, secretario general de la Superintendencia de Bancos, explicó que el organismo de control recibió el pedido del fiscal el 2 de febrero y, al día siguiente, remitió el requerimiento a todas las entidades del sistema financiero para que entreguen la información de manera inmediata.
“El fiscal pidió números de cuentas corrientes, de ahorros y otras cuentas, pero esa información la maneja cada institución; por eso, mediante circular SG520, el 3 de febrero oficiamos a todo el sistema para que remita directamente la información a la Fiscalía. Cuando son asuntos de narcotráfico la respuesta debe ser inmediata, aunque las entidades financieras no tienen un plazo establecido”, explicó Lovato.
Fernando Pozo, presidente del directorio de la Asociación de Bancos Privados, dijo desconocer el asunto, pero garantizó que en cuanto les soliciten la información todos los bancos están abiertos a entregarla.
Además destacó que cada entidad hace un seguimiento permanente de sus 3,5 millones de clientes grandes, medianos y pequeños, que consiste en evaluar los movimientos irracionales, es decir, depósitos y manejos monetarios que no correspondan a la actividad o tamaño del cliente o empresa.
“Cuando algo irregular se detecta, el banco tiene la obligación de cerrarle la cuenta; hay un control absoluto, ya que todos los bancos han invertido bastante para controlar actividades ilícitas y están abiertos a entregar toda la información que sea necesaria”, aseguró.
Al ser consultado sobre el pedido, el director de rentas, Carlos Marx Carrasco, dijo que no ha pasado por su escritorio y le llamó la atención la demora, pues aseguró que ese tipo de asuntos se despachan en 24 horas.
“El requerimiento debió haberlo hecho en el SRI de Guayaquil y debe estar en trámite, pero el lunes (hoy) a primera hora voy a averiguar sobre el asunto”, aseguró.