Por temor a perder votos en las próximas elecciones y evitar el fraccionamiento del bloque PAIS ayer el ‘Congresillo’ endosó a la nueva Asamblea Nacional la aprobación de la ley de extinción de dominio de los bienes mal habidos producto de la corrupción o enriquecimiento ilícito.

Tras un análisis, el buró en la reunión del martes anterior recomendó al bloque archivar o aplazar el trámite, porque estaba causando fisuras internas en la agrupación y además podría dar paso a malas interpretaciones de parte de la oposición.

César Rodríguez, vicepresidente de la legislatura e impulsor del proyecto, reveló que varios sectores políticos y de oposición han generado pánico y que mantienen una campaña de terror en contra de esa ley, señalando que atenta contra el derecho a la propiedad.

Con 46 votos se aprobó la moción de PAIS que suspende el trámite. La idea es que el proyecto nuevamente vaya a la fase de socialización y difusión.

Rodríguez comentó que la aprobación de la ley debe esperar un momento político oportuno, porque  puede ser usada  en la campaña electoral.

El prianista Tito Nilton Mendoza dijo que debería reformarse el Código Penal antes que elaborar una ley, de lo contrario se puede interpretar que es una especie de persecución para arrebatar bienes que pueden ser lícitamente adquiridos.

Rafael Esteves (antes de SP) comentó que sería perder el tiempo tramitar el proyecto porque viola preceptos constitucionales, y recomendó que primero se reforme la Constitución para que la expropiación o extinción del dominio de una propiedad se realice con sentencia ejecutoriada previa, pues con la ley que se pretende aprobar todo ecuatoriano estaría bajo sospecha y deberá probar la licitud de sus bienes.

Julio Logroño (SP) dijo que más bien se  debería archivar el  proyecto porque afecta el debido proceso y  atenta contra el derecho a la propiedad.

En la sesión de ayer, el ‘Congresillo’ también aprobó en segundo debate la ley de elección directa de los representantes al Parlamento Latinoamericano, para lo cual se otorga 60 días al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones de esas dignidades en un plazo que no debe pasar de los 120 días.

La idea es que las elecciones de esos seis parlamentarios  se realicen el 14 de julio, fecha  de una segunda vuelta. El proyecto aprobado irá al Ejecutivo para su pronunciamiento.