Uno de los principales vicios de las sociedades corruptas es la de padecer de incertidumbre jurídica, es decir, de falta del conocimiento seguro y claro, sin temor de errar, del sistema jurídico que la rige. Esta incertidumbre es palpable cuando no se conoce con claridad cuáles son las normas jurídicas vigentes en un Estado y es catastrófica cuando a sabiendas de cuáles son las normas jurídicas vigentes, estas son inobservadas por intereses económicos o políticos.

En el Ecuador de nuestros días la incertidumbre jurídica es total. Es imposible tener la seguridad de cómo van a aplicarse las diversas normas del ordenamiento jurídico, lo que nos ha llevado a vivir en un verdadero caos, sin que hasta ahora ningún político haya propuesto absolutamente nada que nos permita tener la esperanza de que en el futuro algo cambiará.

Son muy graves las palabras del Dr. Xavier Arosemena, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, cuando afirma que quien controla económicamente a las cortes tiene verdadero control sobre ellas, especialmente porque hoy en día ese es uno de los temas de mayor discusión, pero no en cuanto a asignar a la Función Judicial los recursos que requiere para su funcionamiento, sino en cuanto al manejo que de los recursos se pretende hacer desde el Ministerio de Finanzas.

Pasó la novelería de Montecristi sin que se haya planteado absolutamente nada para mejorar la administración de justicia. ¿Ya son la totalidad de jueces y fiscales seres probos, impolutos, intachables y sabios? La respuesta es obvia y, pese a los enormes esfuerzos del Dr. Pesántez, la administración de justicia sigue siendo ineficiente y en muchos casos corrompida, con interferencias terribles de la Función Ejecutiva, como aquella de pedir públicas sanciones para el juez que en el caso del Registro Civil falló a favor de quienes presentaron una acción de protección para evitar que los convenios legalmente celebrados entre la Municipalidad de Guayaquil y el Gobierno Nacional se respeten. ¿Es que no se dan cuenta quienes interfieren en la administración de justicia de que contra esas prácticas de la partidocracia votaron los ecuatorianos? ¿No se dan cuenta de que el próximo gobierno probablemente les hará lo mismo? ¿No se dan cuenta de que están dejando una herencia política de irrespeto a la ley?

Hace poco el Presidente violó el artículo 166 de la Constitución al dictar el último decreto ejecutivo renovando la declaratoria de emergencia para Petroecuador, ya que la misma únicamente puede durar 30 días adicionales y no 60, como lo contempló el decreto. Sin embargo, ¿qué dijo el Congresillo? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional?

Esta serie interminable de violaciones constitucionales  está en constante aumento. Como se sabe, el Gobierno ha anunciado nuevo endeudamiento para paliar los efectos de la caída del precio del petróleo. Sin embargo, la Constitución de Montecristi señala en el artículo 290 que “el endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones (…) 3. Con endeudamiento público se financiarán  exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago...”.

Como se observa, el endeudamiento público no puede estar destinado a cubrir déficit fiscal ni puede estar dirigido a gasto corriente, sino única y exclusivamente a proyectos de inversión para infraestructura. ¿Cuáles son los proyectos de infraestructura que se están financiando con los recursos que entregó el IESS? ¿Cuáles son los que se financiarán con los préstamos que supuestamente nos dará el BID?

Una vez más se confirma que la Constitución de Montecristi no fue más que un parapeto,  que al Gobierno no le interesa cumplir, y que al Congresillo le da igual que se viole la Constitución todos los días.