MADRID. Exteriores del Centro de Internamiento de Extranjeros en la capital española. En el lugar abundan los indocumentados procedentes de Marruecos, Bolivia y Paraguay.
Ninguna comisaría en España podrá fijar cuotas semanales de detenciones de inmigrantes indocumentados. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó ayer en el Congreso de los Diputados que el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, procedió a “prohibir taxativamente estas prácticas” que realizaban los uniformados en ciertos distritos de Madrid.
Esta manera de actuar, puntualizó el Ministro, “está mal, no es sensata y no se va a hacer más”. La prioridad del Gobierno, puntualizó, es “expulsar de nuestro país a aquellos extranjeros, legales o ilegales, cuya actividad sea delictiva”.
Lo cierto es que la imagen de los uniformados situados en puntos estratégicos por donde circulan inmigrantes (puertas del metro, de locutorios o tiendas de productos étnicos) forma parte del imaginario de la capital española desde otoño pasado. Así lo certifican los sindicatos policiales, que insisten en que las identificaciones ‘indiscriminadas’ son consecuencia de “las instrucciones de los responsables políticos” que circulan a través de los subordinados. Una muestra: entre diciembre y la primera mitad de enero se produjeron en Madrid 4.015 arrestos por infracción de la Ley de Extranjería.
El año anterior, el Ejecutivo socialista puso en marcha la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros, integrada por un comisario y 40 policías expertos en extranjería. Su propósito, explicó Pérez Rubalcaba, son las “repatriaciones calificadas” de individuos multirreincidentes o que demuestran agresividad en la comisión de delitos, que suponen un riesgo para la seguridad de la ciudadanía.
Carecer de documentación es una falta administrativa, no un delito. Quienes están en situación irregular terminan, previa autorización judicial preceptiva, en los centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
No obstante, el gobierno solo logra ejecutar una de cada tres órdenes de expulsión. Los inmigrantes, aunque permanecen en España, se ven abocados a llevar en sus bolsillos una “invitación” para volver a su país de origen que les impide regularizar su situación.
Según datos a los que accedió EL UNIVERSO, el Ejecutivo español reconoce en una respuesta parlamentaria que desde el 2005 hasta marzo del 2008 solo se concretaron 34.321 expulsiones de un total de 156.111 expedientes iniciados. Y en el primer trimestre de ese mismo año solo se expulsó a 2.408 de 20.127 fichados.
En el Ministerio de Interior de España, sus funcionarios evitan proporcionar cifras por nacionalidades. Lo cierto es que tras la última regularización del 2005, el número de ecuatorianos indocumentados se redujo considerablemente en el país ibérico.
El problema surge cuando el Estado español niega la renovación del permiso por antecedentes penales (en su mayoría por delitos de tráfico o violencia de género) o por no cumplir el requisito de aportar a la seguridad social por un periodo mínimo de seis meses.
Detalles: Los ‘Sin papeles’
Vuelos con irregulares
En el 2008 España fletó 154 vuelos para repatriar a 6.806 inmigrantes indocumentados. A Ecuador llegó uno, previa escala en Bogotá. Otras veces los expulsados son enviados en vuelos comerciales acompañados de un policía.
Otros controles
A través del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros, las compañías aéreas remiten información de los viajeros, desde países no pertenecientes al espacio de Schengen (formado por la mayoría de los estados de la Unión Europea). En el 2008 se efectuaron 12,5 millones de registros, que dieron lugar a 1.157 actuaciones policiales.
Los internos
Los centros de Internamiento de Extranjeros en España acogen a 786 personas.