El Servicio de Rentas Internas está exigiendo a los ciudadanos que informen qué bienes poseen si estos sobrepasan 100.000 dólares; a cambio ofrece no proporcionar esos datos a nadie.

Es difícil creer en este anuncio por cuanto muchas promesas oficiales no se cumplen, ni siquiera la de acatar la nueva Constitución. A Guayaquil le ofrecieron que no se tocaría el Registro Civil Municipal y ahora se despliega toda una ofensiva para destruirlo. Otro motivo para desconfiar es que el Gobierno y el SRI han estigmatizado sistemáticamente a las personas que poseen propiedades y han usado la información sobre impuestos no para cobrarlos sino como arma de persecución.

Tampoco está claro para qué servirán los datos que se exigen. Si el SRI no ha podido controlar la evasión tributaria y esta sigue siendo tan alta como reconoció el Presidente en su informe anual (60% en impuesto a la renta), entonces habría que comenzar por tres o cuatro peces gordos muy conocidos, sin sembrar inquietudes en la clase media que gracias a su esfuerzo ha podido formar un patrimonio familiar.