La alabanza proviene del extranjero: la revista dominical del New York Times del 14 de diciembre destacó, como una de las 54 mejores ideas del 2008, que el Ecuador sea el primer país del mundo que reconoce en su Constitución los derechos inalienables de la naturaleza.

La palmadita en la espalda llega porque el artículo 71 de la Carta Magna, dentro del capítulo denominado Derechos de la naturaleza, dice: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

El artículo resulta alentador en materia ambientalista, ya que las leyes de los países generalmente consideran a la naturaleza como propiedad de “alguien”. Por ello, los conservacionistas deben demostrar que existen daños graves antes de que el Estado intervenga con regulaciones. Pero una Constitución como la ecuatoriana elimina ese enfoque y defiende  la salud del ambiente como prioridad.

Sin embargo, esa progresista legislación “verde” resulta incompleta y puede volverse, incluso, decepcionante. ¿La razón? La Constitución no precisa el alcance exacto de tales derechos de la naturaleza ni especifica cómo serán defendidos. Es como reconocerle a un capitán su derecho de llegar a puerto seguro, pero sin darle una brújula para lograrlo.

Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente e impulsor de esta ley, señaló a la BBC que “se quería hacer justicia a la naturaleza y reconocer que si la justicia social fue en el siglo XX el eje de las luchas, la justicia ambiental va a serlo en el siglo XXI”. Este es solo el comienzo de un nuevo régimen de desarrollo, según Acosta. Sin embargo, el camino a transitar para lograrlo en el Ecuador luce tan difícil como encontrar un río saludable en las zonas mineras o un centenario árbol de matapalo en el jardín de un empresario maderero.

Difícil escenario
Cada región del Ecuador sufre problemas muy serios de deterioro ambiental o pérdida de la biodiversidad, señala Luis Felipe Duchicela, responsable de la oficina en Quito de la organización conservacionista Rainforest Alliance (Alianza para Bosques), con sede en Nueva York. “La tala ilegal e indiscriminada de bosques, el crecimiento insostenible de la frontera agrícola, la colonización, la explotación del petróleo y la minería, la cacería furtiva e ilegal ponen en serio riesgo  la biodiversidad de la Amazonía. El caso de la Sierra es, en cierta forma, peor porque los conservacionistas y entidades internacionales al no observar la exuberante biodiversidad de la Amazonía, por ejemplo, descartan a la Sierra dentro de la mayoría de sus políticas de apoyo para la conservación y protección ambiental”, indica.

Duchicela agrega que la Costa también tiene graves problemas. Por un lado, la protección de los bosques secos costeros es mínima, mientras que los manglares están en un proceso muy grave de desaparición. El uso indebido de pesticidas y otras prácticas agrícolas insostenibles también son un riesgo debido a la gran cantidad de área dedicada a cultivos de exportación y de consumo nacional”, detalla.

Verónica Arias, directora de la oficina de The Nature Conservancy en Quito, que lleva veinte años trabajando en el país, señala que a pesar de esa dura realidad, existen áreas bien conservadas distribuidas a lo largo y ancho del país. “Estas son las áreas protegidas. Aunque dista mucho para que los niveles de necesidad básicos sean cubiertos, podríamos decir que por definición estas áreas cuentan al menos con cierto control y vigilancia para monitorear, mitigar la tala ilegal, invasiones, cacería ilegal. El presupuesto que destina el Estado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se compone actualmente de 40 zonas, es de $ 2 millones anuales, cuando según estudios realizados debería ser al menos de $ 6 millones para un escenario básico de manejo de las 36 áreas protegidas, número que había hasta ese entonces, y de al menos $ 13 millones anuales para un escenario óptimo de manejo”, explica.

Pocos números, menos árboles
No existen estadísticas actualizadas del impacto de la deforestación en el país. Según el Ministerio del Ambiente, los bosques ocupan aproximadamente la mitad del territorio nacional, es decir, unos 130 mil km², pero se desconoce el impacto de la tala de árboles. El dato más fiable proviene del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (Clirsen), que en el 2005 anunciaba que en promedio se deforestan 198.000 hectáreas de bosques cada año.

Esta información se logró procesando las imágenes satelitales entre 1991 y el 2000, las cuales mostraron que en 1991 existían 13'462.654 hectáreas de bosques húmedos, secos y manglares, mientras que para el 2000 el área con cubierta vegetal se registró en 11'679.822, lo cual da una tasa anual del 1,47%.

El tipo de bosque que desaparece más rápido es el boque seco, con una tasa anual de deforestación de 2,18%, añade el informe, que detalla que ese tipo de foresta, ubicada en la Costa, pasó de 708.768 ha a 569.657 ha en el 2000.

En Esmeraldas la situación se muestra más crítica. El Colegio de Ingenieros Forestales de Pichincha indicó en el 2005 que solamente de esa provincia salían cada mes entre 30.000 y 35.000 metros cúbicos de madera, esto equivale a una columna aproximada de 1.000 tráilers llenos con trozas y tablones de madera, seguramente mucha de ella talada ilegalmente. La Fundación Manglar Verde indicaba en septiembre del 2006 que en Esmeraldas solo quedaban 220 mil hectáreas de bosque, lo que representa menos de una quinta parte de la extensión geográfica de la llamada provincia verde.

“Basta pararse junto a las carreteras del norte del país para observar cómo desfilan los camiones llenos de madera. Es algo indetenible. Hacer una nueva constitución no soluciona este grave problema. Nosotros debemos cambiar”, indica Rodolfo Rendón, ministro de Ambiente durante el gobierno de Gustavo Noboa. Rendón implementó la entidad denominada Vigilancia Verde, que monitoreaba en las carreteras el transporte de la madera en puntos vitales, con lo cual se supo que Esmeraldas estaba quedando tan devastada que los madereros han tenido que ampliar progresivamente sus operaciones en la Amazonía.

Hasta mediados del los años noventa, el 80% de la madera provenía de los bosques esmeraldeños y el 20% de la Amazonía, pero en el 2006 se anunciaba que tal relación quizá era de 60% en Esmeraldas y 40% en la Amazonía. Ya no se tienen registros porque Vigilancia Verde dejó de operar.

Bajas de un negocio millonario
Las empresas madereras, legales e ilegales, alimentan el hambre en un mundo que necesita muebles y otros artículos de madera. Es un negocio millonario que ha tenido su mayor mártir sudamericano en el conservacionista brasileño Chico Mendes, quien para callar su lucha contra la extracción de árboles y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas  fue asesinado frente a su casa en 1988.

Hoy, la imagen de Mendes es reverenciada dentro de la cultura de Brasil, uno de los países más depredados en su naturaleza. Esa realidad nos enseña que, para algunos o muchos (quizás demasiados), el dinero bien vale convertir a los enemigos en cadáveres y que los héroes que luchan y pierden siguen siendo héroes.

El negocio maderero también ha dejado muertos en el Ecuador. Quizás una veintena han sido miembros de los pueblos no contactados de la Amazonía, los tagaeris y los taromenanes, quienes habitan en tierras de los huaoranis. En junio del 2003, doce taromenanes fueron asesinados por miembros de grupos huaoranis, al parecer inducidos por madereros mestizos. El Estado nunca realizó una seria investigación oficial. Es posible que otra masacre se haya producido en abril del 2006 sobre la que tampoco hubo una investigación oficial, según la página web Amazoniaporlavida.org.

Esos pueblos viven en la zona del Parque Nacional Yasuní, área biodiversa que el Estado busca proteger de la industria petrolera a través de un compromiso gubernamental de no explorar el oro negro que existe en el territorio –con lo cual dejaría de percibir unos $ 350 millones– a cambio de recibir aportes extranjeros por la mitad del valor del crudo que se dejaría represado.

Así se busca evitar las tragedias que han golpeado a la naturaleza y a las comunidades que cohabitan con los pozos petroleros. El reclamo legal más conocido a nivel mundial sobre tal tipo de impacto arrancó en 1993 cuando 30 mil indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana demandaron a Chevron-Texaco en una corte de Nueva York, proceso que tardó diez años para llegar al Ecuador, por lo que es la primera vez que una petrolera norteamericana debe responder a las leyes de otro país, según la edición septiembre-octubre de la revista Terra Incognita, que agrega que en este año se espera un veredicto que seguramente será apelado amargamente por la parte que pierda.

Esa situación seguirá aplazando este proceso que podría indemnizar a las seis nacionalidades indígenas y pobladores que aseguran haber sido perjudicados en su salud debido a la contaminación que deja la operación petrolera (muchos ya han muerto de cáncer y otras patologías) y han visto ensuciar su selva-hogar por los 18 mil millones de galones de desechos tóxicos que la multinacional demandada ha aceptado haber arrojado a su territorio durante dos décadas desde que sacó el primer barril de oro negro en 1972.

Esta es una batalla legal y millonaria que, según la parte demandante, busca defender los derechos de la naturaleza y del hombre que vive en ella.

Respeto a la Pacha Mama
Los conservacionistas concuerdan que aún se desconoce el alcance de los derechos de la naturaleza que protege la nueva Constitución. Sin embargo, esa iniciativa de la Asamblea significa pensar en un nuevo modelo de desarrollo que se aleje de las actividades extractivas (como petróleo y minería) para la búsqueda e inversión en alternativas de energía renovables que protejan y hagan cumplir los nuevos derechos de la naturaleza, indica Arias, de The Nature Conservancy, que agrega: “Es necesario contar con una legislación secundaria que desarrolle este reconocimiento y lo haga viable. Es necesario que cualquier ley existente o posterior sea modificada o ajustada a la luz de lo establecido en la nueva Constitución”.

Luis Felipe Duchicela, de Rainforest Alliance, alaba el reconocimiento de los nuevos derechos de la naturaleza; sin embargo, señala que “existen muchas experiencias extremadamente positivas para conservar el ambiente y proteger la biodiversidad tanto en el Ecuador como en otros países, que se han logrado sin necesidad de este tipo de concepto constitucional. Uno de los problemas fundamentales de la conservación ambiental es que está íntimamente ligada a la pobreza, al abandono, a la falta de fuentes de empleo digno, de ingresos económicos y de calidad de vida de los pobladores de las regiones susceptibles de deterioro ambiental”.

Por lo tanto, para que los derechos de la naturaleza sean reales y aplicables deben estar íntimamente ligados a los derechos individuales y colectivos de las personas, explica Duchicela. Esto confirma el estrecho vínculo que por naturaleza mantiene unidos a los ecuatorianos y a la gravemente explotada Pacha Mama.


La tala de bosques, el crecimiento insostenible de la frontera agrícola, la colonización...  ponen en serio riesgo  la biodiversidad de la Amazonía”.
Luis Felipe Duchicela

Debemos pensar en un nuevo modelo de desarrollo que se aleje de las actividades extractivas (como petróleo y minería) para la búsqueda e inversión en alternativas de energía renovable”.
Verónica Arias