La Subsecretaría de Puertos busca fijar límites a la delegación de servicios portuarios del sector público en futuras concesiones.
El Gobierno intenta hacer cambios a la Ley de puertos. En el proceso se vinculará al sector privado.
La Subsecretaría de Puertos, instancia que impulsa los cambios, reunirá en Guayaquil a los principales sectores del negocio para analizar y recoger propuestas que modifiquen el actual marco jurídico portuario. El proceso se iniciará a partir de mañana.
El régimen pretende dejar atrás leyes que se crearon en la década del setenta, en las que se contemplaba la participación de las Fuerzas Armadas en áreas del control y la regulación de las actividades portuarias y de transporte marítimo.
A más de ello, la intención de la Subsecretaría apunta, con base en la Constitución aprobada por la Asamblea, a fijar nuevas reglas y límites en la delegación de servicios portuarios dentro del sector estatal, con lo que se crearán otras condiciones para futuras concesiones.
El subsecretario de Puertos, Álex Villacrés, sostiene que las concesiones actuales se respetarán; sin embargo, la delegación a la iniciativa privada ya no se concederá, salvo casos excepcionales.
“De lo que habla la Constitución (del 2008) es de la posibilidad de establecer asociaciones mixtas, con una mayoría accionaria de parte del Estado, con un mínimo del 51% de las acciones, para en asociación con empresas privadas desarrollar planes portuarios”, indica.
Actualmente, Puerto Bolívar (El Oro) es la única terminal estatal no concesionada. Los puertos de Esmeraldas, Guayaquil y Manta están bajo la administración de un operador, aunque esta última concesión se revisa, por incumplimientos en el cronograma de obras.
Por ahora, Puerto Bolívar maneja una agenda para propiciar su desarrollo. Roberto Córdova, presidente de la Autoridad Portuaria de esa jurisdicción, anota que la terminal tiene un plan emergente de $ 40 millones para inversiones en infraestructura y equipos.
Tres meses de trabajo
Tras las sesiones que se aspiran a efectuar con los diferentes sectores para promover las reformas, la Subsecretaría de Puertos estima que la propuesta estará lista en abril. Esta será remitida al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que sea entregada al Ejecutivo. Villacrés explica que la Presidencia de la República deberá finalmente enviar el proyecto al Legislativo para su respectivo debate.
Dentro del sector privado ya se esgrimen algunas inquietudes. Nelson Ricaurte, director ejecutivo de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, indica que es necesario que todos los sectores involucrados den su aporte para lograr las modificaciones apropiadas de estas leyes.
Una de las preocupaciones de las terminales particulares pasa por la inseguridad a la que se ve expuesta la carga durante el transporte desde el puerto a sus lugares de destino o viceversa. Ese aspecto, a criterio de Ricaurte, debe ser objeto de estudio dentro de las reformas.
En tanto, Jaime Ramírez, presidente de la Cámara Marítima del Ecuador, entidad que enviará dos delegados para participar del análisis de la ley portuaria, dice que el plan debe procurar resolver los problemas en el transporte marítimo. “Tenemos propuestas. Vamos a cotejar con la ponencia de los otros sectores para ver cómo se pueden hacer mejoras”, afirma Ramírez.