Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), aseguró que pese al compromiso de buena fe de los empresarios en ese sentido, esta será una consecuencia inevitable.

El presidente Rafael Correa indicó en su enlace radial de los sábados, que hay consenso con los empresarios para aplicar un alza de aranceles y bajar importaciones en $ 1.459 millones con un impacto fiscal positivo de unos $ 228 millones, pero con el compromiso empresarial de “conservar en la medida de lo posible los niveles de empleo actuales”.

En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), Aspiazu aclaró que a dicha reunión no asistieron todos los sectores "como ha debido ser para que las autoridades gubernamentales tengan todos los elementos de juicio para la toma de decisiones".

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Agregó que están a la espera de conocer el listado de las 127 subpartidas, para poder establecer el impacto que tendrá en el desarrollo de las actividades comerciales del país.

También explicó que existe preocupación por la posibilidad de retaliaciones comerciales de países afectados por los incrementos arancelarios, como Perú y Colombia.

Aclaró que en la Comunidad Andina está vigente la decisión 389, según la cual un país, en este caso Ecuador, puede adoptar una medida de restricción comercial como mecanismo de salvaguardia, apelando a problemas de balanza de pagos, pero esa decisión debe ser sometida a aprobación vía visto bueno de la secretaría general del organismo andino.

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"Los países perjudicados tienen voto y eventualmente podrían oponerse y exigir que Ecuador sustente de mejor manera estas medidas", argumentó Aspiazu.