Un país que no respeta la ley es como una selva en la cual cada quien se siente autorizado para hacer valer sus criterios de justicia. Los últimos desaciertos judiciales confirman que lo que hoy vivimos en el Ecuador es una auténtica selva judicial.

El país ha constatado en las últimas semanas la enorme corrupción existente en el Ministerio del Deporte. Sin embargo, aún los más avezados delincuentes tienen derecho a un juicio justo.

Uno de los más importantes derechos humanos que reconoce la Constitución de Montecristi es aquel en virtud del cual “Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente”. Esta garantía, indiscutida en los países desarrollados, estorba en el Ecuador, que presencia con una pasividad increíble y hasta con aplausos, actuaciones  repugnantes de algunos funcionarios judiciales.

En el Ecuador existe la institución jurídica del fuero, en cuya virtud, ciertos funcionarios públicos, por la naturaleza de las funciones que desempeñan, únicamente pueden ser juzgados por magistrados y fiscales que tienen un rango o categoría especial. Así, los ministros de Estado únicamente pueden ser juzgados por magistrados de la Corte Nacional de Justicia y, consecuentemente, únicamente de este organismo puede provenir una orden de prisión.

Esta garantía fundamental que protege a ciertos funcionarios, acaba de ser salvajemente irrespetada por un juez penal de Pichincha, que ordenó ilegalmente la prisión del ex ministro Carrión, así como por ministros de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que negaron el hábeas corpus solicitado por quien hasta hace poco ocupó el Ministerio del Deporte. Al ordenarse la prisión del ex ministro por un juez sin competencia y al negarse el hábeas corpus, pese a lo ilegal de la orden de prisión, se ha violado la Constitución, el Código de Procedimiento Penal y se ha confirmado que en el Ecuador los membretes sirven para el engaño. ¿Estado de derechos? No me hagan reír. El Ecuador es el Estado de demagogia, de manipulación de normas, de inseguridad jurídica, del engaño a través de la publicidad y del abuso permanente de quienes creen que por encima de la ley están las encuestas.

¿No se dan cuenta estos señores de las nefastas consecuencias para el país de estas aberrantes actuaciones judiciales?

Si tratándose de ministros de Estado se obra con la irresponsabilidad indicada, ¿qué le espera al ciudadano común cuando tiene la desgracia de caer en las garras del sistema judicial? Lo más grave, sin embargo, es que no pasa absolutamente nada. El Consejo de la Judicatura no actúa; el Presidente de la Corte Nacional tampoco. Los colegios de abogados no existen. La prensa, por desagracia, es poco lo que puede hacer. En este escenario, ¿qué nos espera?; ¿es que no se dan cuenta que una sociedad que no confía en el sistema judicial pronto se cansará de ser paciente y terminará imponiendo su propia justicia?

No defiendo las actuaciones del ex ministro Carrión. Por el contrario, las censuro y si es culpable, que todo el peso de la ley caiga contra él. Defiendo, no obstante, su derecho a ser juzgado con todas las garantías del debido proceso, pese a que su máximo líder acaba de alabar la revolución cubana, que constituye el caso actual más notorio de violación a los derechos humanos, fusilamientos incluidos. ¿Será por la admiración que tienen a un régimen de terror que ningún funcionario de gobierno se alarma por estos hechos?