QUITO. Raúl Carrión (c), ex ministro de Deportes, es custodiado por policías al salir de la audiencia de hábeas corpus en la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia.
De los ocho escándalos de supuesta corrupción cuyas denuncias han coincidido con los 24 meses de gestión de Rafael Correa, solo la investigación de dos determinaron la prisión preventiva de sus implicados.
Del resto de casos, cuatro permanecen en investigación previa, uno fue archivado y un último espera el informe de auditoría de la Contraloría. De los ocho casos, tres fueron expuestos por la ex Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA), ente que fue dirigido primero por José Luis Cortázar y luego por Alfredo Vera.
El organismo ha recibido, en dos años, unas 3.000 denuncias; 700 están en investigación.
Desde el pasado 29 de diciembre, por Decreto Ejecutivo, esa dependencia tomó el nombre de Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión y se ratificó en la dirección a Vera, funcionario que enfrenta una denuncia por arrogación de funciones y peculado.
La demanda fue planteada por el MPD, bajo el argumento de que Vera se mantuvo como titular de la ex SNA y cobró remuneraciones, pese a que esta entidad fue eliminada por la nueva Constitución.
Bonos y Ministerio de Deportes
La prisión del ex ministro de Deportes, Raúl Carrión, y la detención de uno de los 17 implicados en la entrega del bono de $ 10 mil a los trabajadores de la Procuraduría son el resultado de las investigaciones de las autoridades de justicia.
En una evaluación de lo que ha sido la política anticorrupción del Gobierno, hay juristas que creen que las denuncias de actos de corrupción no son tramitados con la urgencia que amerita, lo que permite que el paso del tiempo dé lugar a su olvido o archivo.
De ello, según el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gustavo Medina, son responsables la Fiscalía, la Contraloría, la Función Judicial y otras dependencias públicas.
Los casos nuevos sufrieron demora por la inexistencia de la Corte Nacional de Justicia en los últimos cuatro meses, según la justificación que días atrás dio el ministro fiscal general, Washington Pesántez.
Medina cree que si el Ejecutivo denuncia supuestos actos de corrupción esos hechos deben tener un trámite inmediato para su esclarecimiento.
Ello, expresó, demostrará la independencia de los actuales entes de justicia.
Críticas al Gobierno
No obstante el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Víctor Hugo Cevallos, sostiene que las denuncias forman parte de un “tongo” para decir que el Gobierno es implacable con la corrupción y con sus colaboradores, cuando no es más que una campaña política.
Ambos cuestionan el mecanismo para hacer públicos los casos: es el presidente Correa quien los expone en sus enlaces radiales de los sábados.
Cevallos asegura que la orden de prisión preventiva que enfrenta Carrión, al haber sido dictada por un juez de primer nivel, tendrá que ser anulada en caso de que se cumplan con las normas legales.