Asamblea Nacional archivó el pedido de juicio contra  Marún
Las supuestas irregularidades en la entrega de anticipos por montos de hasta el 75% del valor total de las obras que contrata el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para rehabilitar el sistema vial nacional son otras de las denuncias en las que la Fiscalía inició  una indagación previa. Este caso involucra a su titular, Jorge Marún.

Pese a que aún no se inicia la fase de recepción de testimonios de las partes involucradas, según la denuncia del comisionado Galo Lara (SP), existen 32 contratos adjudicados dentro del Plan Relámpago que recibieron hasta el 75% de anticipo y reflejan el 0% de avance en la ejecución de la obra.

Por la misma denuncia, Marún enfrentó un pedido de juicio político ante el ‘Congresillo’, aunque la Comisión de Fiscalización archivó el proceso el pasado lunes por falta de pruebas. Lara presentó un memorando interno del Ministerio de Transporte en el que se dice que un contrato estaba caro, pero este no se firmó.

Supuesto sobreprecio en la compra de implementos médicos
El supuesto sobreprecio en la adquisición de camas eléctricas, toldos, equipos médicos y ambulancias en la gestión de la ministra de Salud, Caroline Chang, es investigada por la Fiscalía General del Estado  a través de una indagación previa que se inició en los últimos días de diciembre.

La denuncia la hizo el asambleísta Leonardo Viteri (PSC).

Él sostiene que lo pagado por las compras del Ministerio –en diciembre del 2007– supera las autorizaciones de giro de la tesorería del Estado.

La irregularidad se cometió, según Viteri, durante la declaratoria de emergencia efectuada por el presidente de la República, Rafael Correa.

El legislador presentó los documentos en la Comisión Legislativa transitoria y la antes Secretaría Nacional Anticorrupción.

Según el Ministerio de Salud, las compras se efectuaron en cumplimiento de los requisitos legales, especificaciones técnicas y costos.

Estancado proceso de diezmos  en la Super de Compañías
La indagación preprocesal que investiga el cobro de diezmos a 97 empleados que ingresaron a la Superintendencia de Compañías (SIC) durante la gestión de Francisco Arellano, así como la supuesta compra y selección irregular del personal de esa entidad, quedaron estancadas debido a que las partes (denunciantes y denunciados) no impulsan la causa.

Según la demanda, los diezmos tenían como propósito recaudar fondos para promover las actividades del movimiento gobiernista PAIS.

Por este caso la Contraloría ejecuta un examen especial a la selección, reclutamiento y promoción del personal de la SIC por el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2005 y el 21 de octubre del 2008.

Arellano, que fue destituido por la Asamblea Constituyente, estuvo ubicado en el primer lugar de la terna que remitió el Presidente de la República al entonces Congreso Nacional para la designación del Superintendente.

Contraloría avanza en auditoría de compra de pistolas Glock
Aunque la justicia no inició una investigación oficial, la Contraloría General del Estado ejecuta la última fase del examen especial al proceso de compra de 30.610 pistolas Glock, adquiridas con un supuesto sobreprecio por la Unidad Ejecutora del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para la Policía Nacional.

El informe de auditoría, que se elabora además con la cooperación de técnicos de las Fuerzas Armadas y otras entidades especializadas, determinará si existió o no alguna irregularidad en la adquisición de las armas a la empresa Ocileb S.A., en septiembre del año anterior.

Según la Unidad se compraron accesorios adicionales para las armas como cargas para las alimentadoras, portaarmas con doble seguro, el 1% de repuestos, kits para repotenciar cerca de 7.000 pistolas antiguas y 500 armas de capacitación.

Restando los costos de estos accesorios, cada arma costó $ 348. El precio final de la adquisición fue de 14’509.140 dólares.

Caso de petrolera Ivanhoe está en la fase de indagación previa
El caso de un supuesto tráfico de influencias que involucra a Fabricio Correa, hermano del presidente de la República, Rafael Correa, se mantiene en la fase de indagación previa en la Fiscalía del Estado.

Correa fue acusado en Estados Unidos de intentar influir para la firma del contrato de exploración del campo Pungarayacu (Napo) con la empresa petrolera canadiense Ivanhoe, a cambio de regalos y dinero.

En las últimas diligencias, el fiscal Washington Pesántez solicitó asesoría al Departamento de Estado de los EE.UU. para investigar el caso y recibió la declaración del representante de la empresa en Ecuador, David Martin.

“La Fiscalía está investigando la demanda de Jack Grynberg, ejecutivo de Cotundo Minerales (CM), espero en un mes emitir un pronunciamiento sobre el tema”, dijo Pesántez.

CM es una minera estadounidense a la que el Gobierno de Correa le revirtió el año pasado unas 20 concesiones.

Fiscalía desechó investigación sobre especulación de la deuda
El caso que involucró al ex ministro de Economía y actual ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, por la supuesta especulación financiera con el pago de los intereses de los bonos Global 2030, fue archivado por la Fiscalía durante la administración de su ex titular, Jorge German, a finales del 2007.

El proceso se inició a mediados del 2007, cuando se hizo público el video de la reunión que mantuvo Patiño con el ex ministro de Economía, Armando Rodas, y representantes de la empresa Abadi & Co., dedicada a la intermediación financiera; en esta, supuestamente, se hablaba de una manipulación del mercado en torno a la deuda externa para beneficiar a los tenedores de bonos.

Las grabaciones fueron entregadas por el ex asesor del Ministerio de Economía, Quinto Pazmiño (que estuvo detenido en Quito por esa indagación), el ministro Patiño y otra por el ex diputado de Sociedad Patriótica, Luis Almeida.