QUITO. Betty Tola y Alexandra Ocles (PAIS) receptan los reclamos de los dirigentes del pueblo montubio.
César Bajaña, coordinador general de Veedurías del Observatorio Judicial Ciudadano, y Ruth Hidalgo, miembro de la Corporación de Participación Ciudadana, hicieron el planteamiento.
Los veedores, quienes pidieron la recalificación de las 315 carpetas presentadas para el concurso, hicieron algunas observaciones al proceso, como el periodo en el que se hizo la convocatoria, pues coincidió con los festejos de Navidad y Fin de Año.
Bajaña e Hidalgo indicaron que una recalificación puede garantizar más transparencia y deslindar cualquier sospecha con el proceso de selección.
Además, se cuestiona que se haya delegado a la empresa Tele Acces para la revisión de las carpetas sin una previa convocatoria a concurso público.
Calificación para integrar Consejo causó protestas ayer
La calificación de los 24 mejores puntuados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social creó un ambiente de reclamos ayer en el ‘Congresillo’.
Aunque a la Comisión de Participación Social, encargada del concurso, no se presentaron impugnaciones escritas hasta las 16:30 de ayer, a los pasillos llegaron personas protestando porque quedaron fuera de la lista, pese a haber obtenido altas calificaciones.
Las quejas llegaron hasta los veedores, quienes pidieron a la presidenta de la Comisión, Betty Tola (PAIS), explicaciones respecto a la forma en que se calificaron los exámenes y los méritos de los participantes, y plantearon un recurso de acceso a la información.
Freddy Ronal, delegado de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos, pidió ayer resguardo policial, a través de la escolta legislativa, de toda la documentación y expedientes del proceso, a fin de realizar un examen físico de la calificación de las carpetas y las pruebas rendidas el pasado 2 de enero.
Esta organización pretende hacer un análisis físico y documentado de todos los expedientes para someter a una muestra lo que pasó durante el concurso. Lo que se busca es observar, dijo Ronal, si el concurso se ajustó al marco constitucional.
“Por eso no podemos emitir un criterio apresurado hasta no concluir con el análisis documentado”, afirmó.
Uno de los primeros en reclamar ayer a las 09:30 en el ‘Congresillo’ fue Pablo Sarzosa, quien afirmó que el proceso fue un fraude y que fue impedido de revisar su prueba y la carpeta que presentó. Destacó que obtuvo 80,5 puntos en la calificación y que en la lista de los 24 preseleccionados hay 12 personas que tienen menor puntuación. “Con mi puesto pueden hacer lo que se les antoje, mi intención ya no es ingresar a esta porquería, sino que me interesa denunciar estas irregularidades”, concluyó.
Los dirigentes de los montubios reclamaron a Tola una recalificación de las carpetas de Gonzalo Cárdenas y Leydi Mosquera, que a su criterio fueron marginados del concurso y no se tomaron en cuenta las medidas de acción positiva por representar a esa comunidad.
La legisladora Tola pidió calma a quienes reclamaban y aseguró que solo llegaron 20 pedidos de recalificación.
Dijo que la lista de los 24 preseleccionados es referencial y que algunos de los casos que se cuestionan no cumplieron requisitos como las declaraciones juramentadas y notarización de la documentación.
Tola comentó que hubo problemas del sistema electrónico, pero defendió el proceso, del que dijo que fue transparente y anunció que desde hoy la ciudadanía puede conocer las carpetas de los preseleccionados.
Algunos de los favorecidos en el concurso también resaltaron su transparencia.
Mónica Banegas, aspirante de Cuenca con experiencia en el Observatorio del Sistema Judicial, dijo que el concurso fue transparente, aunque reclamó que debe haber acceso a las carpetas y exámenes rendidos.
Rodrigo Pinango, representante de la Feine, explicó que la presencia de los veedores garantiza el proceso y aseguró que si estuviera fuera de la lista seguiría manteniendo este criterio. “No puedo asegurar que hubo cambio de notas, confío en que hubo transparencia”, anotó, aunque resaltó que no tuvo acceso a los exámenes.
Calificado
Julián Guamán, representante del Foro de la Niñez y la Adolescencia, afirmó que el concurso se realizó conforme a lo que señaló el instructivo.
Excluida
Sonia Andrade, con experiencia en temas de Derechos Humanos, se quejó de haber quedado fuera del concurso. Ella obtuvo una calificación de 42,5 en los exámenes, pero su carpeta obtuvo 0 puntos. Pidió explicaciones al ‘Congresillo’.