jueves 18 diciembre Columnistas

Joffre Campaña Mora info@goberna.org

Remedios urgentes

Que la inseguridad jurídica en el Ecuador es alarmante es uno de las pocas afirmaciones en las que fácilmente se puede coincidir. No conozco abogado que piense de manera distinta. Tampoco político ni empresario.

Si este hecho ha alcanzado en la actualidad niveles alarmantes, es urgente encontrar remedios que puedan urgentemente contrarrestar la gravísima situación.

Uno de ellos está previsto en la legislación del Ecuador desde el 27 de diciembre del año 2002, sin que hasta ahora se lo haya aplicado.

En efecto, la disposición final segunda del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva señala que “El Presidente de la República creará comités administrativos, como órganos adscritos a la Presidencia de la República, que dotados de presupuesto serán competentes para el conocimiento, sustanciación y resolución de los recursos de apelación y extraordinario de revisión de actos expedidos por la Administración Pública Central”. Es decir, dado que no se avizora ninguna mejoría en la Función Judicial, cabe perfectamente que mediante decreto ejecutivo el Presidente cree estos comités que tendrán como misión sustanciar y resolver los recursos administrativos que se presenten, incluso contra decisiones de los ministros de Estado. De esta forma se sacarían del seno de la burocracia aquellos casos de conflicto que ponen en entredicho la legalidad de actuaciones de los funcionarios a efectos de lograr que las reclamaciones y los recursos sean resueltos por expertos que no dependen jerárquicamente de ningún funcionario, lo cual permitirá resoluciones objetivas y dentro de la ley y evitarían, en muchos casos, caer en manos de la Función Judicial.

¿Cómo se conformarían estos Comités? La norma indicada señala que “Los comités administrativos serán órganos colegiados que se conforman con tres miembros principales y un suplente, designados por el Presidente de la República. Además, tendrán un Secretario designado por sus miembros principales”. Como se aprecia, responderán únicamente al Presidente de la República. De esta manera habría la independencia necesaria respecto de todo el aparato burocrático que forma parte de la Función Ejecutiva, en el cual la corrupción generalmente se encuentra enquistada.

¿Qué requisitos deben cumplir los miembros de estos Comités? Señala el Estatuto que “sus miembros no tienen la calidad de funcionarios públicos y deberán reunir los mismos requisitos que los ministros de la Corte Superior de Justicia. Durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelegidos. Serán remunerados de conformidad con la escala que determine el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público, previa propuesta del Presidente de la República”. Estos Comités estarían además distribuidos en el territorio nacional. Así el Estatuto refiere que “Los comités administrativos dependerán de la Presidencia de la República y funcionarán en los mismos distritos en los que funcionan los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo. El Presidente de la República determinará el número de comités administrativos que se conformarán para cada distrito”.

En definitiva, si la Función Judicial funciona tan mal, al punto de que incluso se ha designado como miembros de la Corte Nacional de Justicia a ciudadanos que tienen imputaciones penales, lo cual la desprestigia por completo, es evidente que la creación de estos comités, con abogados probos y de prestigio, que jamás participarían en concursos para acceder a la Función Judicial que se sabe son arreglados, puede constituir un aporte inmediato para alcanzar seguridad jurídica. Esta solución puede ser inmediata y no cuesta prácticamente nada.

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