jueves 11 diciembre Columnistas

Joffre Campaña Mora info@goberna.org

Silencio cómplice

El país entero ha podido constatar las varias y groseras violaciones a la Constitución de Montecristi que se han producido los últimos días. Desde la autoproclamación del Tribunal Constitucional como Corte Constitucional hasta la reforma a la Constitución realizada por este mismo organismo para permitir que el Dr. Vicente Troya arme la nueva Corte Nacional de Justicia.

En un fallo interpretativo, que viabiliza el armado de la nueva corte y que tuvo únicamente el voto salvado del Dr. Manuel Viteri Olvera, se señaló que “una de las principales, si no la principal, innovación del nuevo paradigma constitucional ecuatoriano es la novedosa constitucionalización de los derechos fundamentales”, lo cual constituye una declaración verdaderamente atroz, especialmente cuando derechos fundamentales están presentes en nuestro constitucionalismo desde el año 1830 y cuando desde el año 1996 el artículo 21 de la Constitución entonces vigente señalaba que “los derechos y garantías consagradas en esta Constitución son plenamente aplicables e invocables ante cualquier juez, tribunal o autoridad pública”. Es decir, este fallo no solo que modifica la Constitución vigente sino que contiene afirmaciones penosas desde el punto de vista académico.

Incluso, el fallo se convierte en un discurso político cuando señala que “en el capítulo correspondiente a los derechos y sus garantías, se refleja la materialización de la Constitución, representada en la adopción del neoconstitucionalismo como ideología del Estado”.

¿Cómo es posible que en este fallo se afirme semejante barbaridad? ¿Intuyeron siquiera los asambleístas que imponían el neoconstitucionalismo como ideología de Estado?

Si lo anterior es increíble, lo es más el que se haya resuelto que la nueva corte se integre con aquellos ex magistrados que no resultaron sorteados y con conjueces, es decir, abogados en ejercicio que desempeñan el papel de jueces en ciertas causas.

Estamos próximos a la designación de una corte interina sin que se haya permitido ni siquiera un mínimo proceso de participación pública para al menos opinar sobre la probidad de quienes administrarán justicia, la mayoría de los cuales son verdaderos desconocidos, en tanto que otros están seriamente cuestionados.

Justamente, revisando la nómina de los posibles integrantes de la nueva corte, aparecen varios conjueces que a inicios del año 2008 participaron en un concurso para integrar la Corte Suprema, según consta de una carta que el abogado Roberto Rovayo Vera envió el pasado martes al Dr. José Vicente, denunciando que el 18 de febrero de 2008 la comisión calificadora, frente a una impugnación, estableció “que la irregularidad antes referida, entraña evidente falta de probidad de los señores conjueces que tenían la obligación de actuar con el máximo cuidado, diligencia y dedicación…”, razón por la cual  resolvió: “…los imputados señores doctores Manuel Sánchez, Freddy Ordóñez y Gerardo Morales, quienes no pueden continuar en el presente proceso de selección…”.

Adicionalmente, en la Fiscalía General del Estado el día 20 de mayo de 2008 se dio inicio a una instrucción fiscal en contra de los conjueces indicados, dentro de la cual el Ministro Fiscal subrogante incluso solicitó la prisión preventiva de los imputados, que fue negada por la sala de la Corte Suprema que avocó conocimiento de tal petición.

En definitiva, es muy posible que la nueva corte se integre con conjueces que tienen serios cuestionamientos, lo cual abona aún más a las críticas que de forma pública algunos juristas han realizado.

Lo triste es que en este escenario de destrucción de la Constitución, casi la totalidad de decanos de las facultades de Jurisprudencia del país y presidentes de colegios de abogados guardan un silencio cómplice. Qué pena.

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