Entrega de recursos.

La posibilidad de que la Ley Financiera derogue el impuesto a las operaciones de crédito, cuyo 0,50% es entregado a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) para su labor social, preocupa a los directivos de la institución en todo el país.

Alejandro Serrano Aguilar, presidente del directorio de Solca Cuenca, descartó que exista un beneficio para los bancos o cualquier otra entidad financiera con las medidas adoptadas por la Comisión Legislativa.

Pero dijo que entidades que apoyan a sectores de bajos recursos, como es el caso de esta casa de salud, no podrán invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías, investigaciones y atención a los pacientes.

Serrano aseguró que desde enero hasta el 30 de septiembre de este año, Solca Cuenca percibió $ 3’538.704 el Estado, mientras que sus ingresos por gestión de la administración fueron de $ 2’270.096, y el rubro de apoyo a pacientes de escasos recursos económicos fue de $ 559.589, lo que significa un 20% del presupuesto.

Sin el apoyo del Estado la ayuda será imposible, aseguró Serrano, quien dijo que al interior de la entidad prevalece la esperanza de que los integrantes de la Comisión resuelvan con criterio de solidaridad humana.

Mientras, en Portoviejo, sin depender aún de un presupuesto fijo del Estado, los directivos de Solca en esa ciudad ya padecen problemas para exigir un rubro que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, debe entregar y que, aseguran, está certificado en el Registro Oficial.

Se trata de una partida presupuestaria de $ 5 millones que el anterior Congreso Nacional asignó a este hospital y que aún no se efectiviza, según Dennis Guillem, presidente de Solca-Manabí. Esto, añadió, por trabas de los mandos medios de esa cartera de Estado.

“Eso es lo que va a suceder si los seis hospitales de Solca se financian con el Presupuesto General del Estado, ocurrirá lo que nos pasa a nosotros, andar mendigando para que nos den una partida”, sostuvo Guillem.

De los más de 38 millones recaudados en el 2007 por actividades crediticias en el sector bancario, se determinó que el 16% sea para Manabí ($ 6,4 millones), lo que según Guillem se logró por la eficiencia de servicios que ellos otorgan. Para el 2008, asegura, esa cifra debería duplicarse, pero eso es incierto debido a los anuncios de cambios del financiamiento.

En Machala, los directivos de Solca han mantenido reuniones de trabajo para efectos del retiro de la asignación que recibe esta entidad, cuyo monto anual bordea los 1,75%, más de un millón de dólares.

Edmundo Véjar, presidente de Solca en Machala, dijo que la preocupación es grande en cuanto al servicio que se presta y que beneficia a los que no tienen recursos.

El 60% del presupuesto anual lo reciben del 0,50% del impuesto a las operaciones de crédito, por lo que, si se concreta lo que dispone la Ley, se pueden perder los recursos que sirven para la operatividad de Solca. El otro 40% es autogestión, explicó Véjar.

Agregó que con la decisión del Gobierno se disminuirá la calidad de atención, “terminará con la estampida de los médicos, no se podrán modernizar los equipos y, por último, Solca pasará a manos del MSP”.

Véjar reconoció que hasta ahora no hay problemas económicos en Solca y la atención continúa normalmente. Solca atiende a unos 35 mil pacientes al año en promedio.