La recesión económica absorberá toda la atención posible del gobierno de Barack Obama dentro de Estados Unidos, y temas como la agenda migratoria pueden sufrir por ello un largo letargo, reconocen líderes hispanos y expertos en el país.
"Soy cautamente optimista y creo que tendremos una oportunidad de abordar una reforma migratoria en los primeros dos años del gobierno Obama", declaró Janet Murguía, presidenta de La Raza, la principal organización de defensa de los hispanos.
Fuentes legislativas de la mayoría demócrata descartan que eso vaya a producirse durante el primer periodo de sesiones el año que viene, a pesar del riesgo de generar frustración entre los casi 7 millones de votantes de origen latinoamericano de Obama.
Una manifestación, oficialmente para celebrar la elección de Obama, está prevista para el 21 de enero en el centro de Washington, un día después de que éste asuma.
"Escucho distintas versiones sobre el 21 de enero. A mi entender veremos a distintos grupos unirse y celebrar el hecho de que pudimos unirnos en las elecciones pasadas", advierte Murguía.
La división y la frustración entre los innumerables grupos que presionan en favor de una amnistía migratoria fue la causa entre otras del fracaso de dos iniciativas legislativas, en 2006 y 2007, a pesar de que contaron con el impulso del propio presidente George W. Bush.
La última tentativa, apoyada por una buena parte de los congresistas, entre ellos el propio Obama y su ex rival republicano en la presidencial, John McCain, preveía dar al menos un estatuto provisional a unos 12 millones de ilegales.
La impaciencia puede aumentar ahora porque el apoyo de los votantes a Obama fue masivo, y porque este nuevo Congreso podría ser el más "pro-reforma" en décadas.
De 21 escaños en disputa para renovar la Cámara de Representantes y el Senado, 19 fueron a parar a manos de "pro-reformistas", señala un estudio de Voz de América, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes.
Pero en medio de una crisis cuyos precedentes se remontan a los años 1930, con centenares de miles de empleos que se pierden mensualmente, los partidarios del fin de las redadas lo tienen difícil, a juicio de Tom Barry, experto del grupo Programa de Políticas para America.
"Si la reforma migratoria quiere ir más allá (...) para abrir una vía a la ciudadanía (para los ilegales), sus abogados deberán empezar por explicar cómo sirve eso al interés general", explica.
Obama nombró esta semana a Janet Napolitano, gobernadora de Arizona, como secretaria de Seguridad Interna, y por lo tanto encargada de revisar una drástica política de control migratorio que llevó a decenas de miles de personas a salir a las calles en protesta durante 2007.
La política que adopte Napolitano, gobernadora de un estado fronterizo, enemiga del muro que tanto indigna a México pero partidaria de más patrullas policiales, será clave al inicio de la administración.
"Napolitano haría un gran favor al país si le echa una mirada fulminante al sherif Joe Arpaio en Arizona", que ha utilizado un programa federal "que delega el control migratorio a la policía local, para aterrorizar a los migrantes en Phoenix", exigió el diario Washington Post mediante un editorial.
Por lo pronto, y ante las protestas de empresarios y asociaciones, el aún secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, suavizó un plan que preveía que toda empresa con un contrato con el gobierno federal debía registrar a sus trabajadores mediante un complicado sistema electrónico.
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