El máximo tribunal europeo por los derechos humanos falló este jueves que almacenar muestras de ADN de personas sin antecedentes delictivos es violatorio de sus derechos. La decisión podría obligar a Gran Bretaña a destruir las muestras de casi un millón de personas en sus bancos de datos.
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dijo que mantener las muestras violaba el derecho de las personas a una vida privada, una protección reconocida por la Convención de Derechos Humanos. El Reino Unido es signatario de la convención.
El fallo es definitivo, aunque Gran Bretaña tiene hasta marzo para destruir las muestras o para argumentar por qué deberían mantenerse algunas muestras, como las de personas reiteradamente acusadas pero no convictas de delitos sexuales, ataques o terrorismo.
En Inglaterra y Gales, más de 850.000 muestras de ADN de personas sin antecedentes delictivos están en el banco de datos nacional. Las muestras incluyen personas detenidas y puestas en libertad, absueltas de delitos y víctimas de delitos violentos.
Gran Bretaña tiene una de las bases de datos de ADN más grandes del mundo con más de 4,5 millones de muestras.
Las muestras de ADN y huellas digitales son vitales para la lucha contra el delito, con el suministro a la policía de más de 3.500 identificaciones mensuales, y me decepciona la decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, dijo la ministra del interior Jacqui Smith. La ley existente seguirá en vigencia mientras estudiamos minuciosamente el fallo.
El caso fue planteado ante el tribunal por dos británicos, Michael Marper y un adolescente sólo identificado como S por ser menor de edad. Ambos fueron arrestados en el 2001, Marper por hostigamiento y el menor por intento de robo, aunque los cargos fueron levantados en ambos casos.
Los dos, cuyos casos no estaban relacionados, pidieron primero a la policía que retirase sus muestras de ADN y huellas digitales del banco de datos.
La policía del sur de Yorkshire se negó, aduciendo que los datos serían retenidos para asistir la investigación delictiva. Los dos apelaron ante la Cámara de los Lores, que falló que era legal mantener los datos y que no violaba los derechos humanos.
Es un resultado fantástico después de una batalla ardua de siete años, dijo el abogado Peter Mahy, que representó a los dos demandantes. El próximo paso es asegurarnos de que sus muestras sean destruidas.
El tribunal con sede en Estrasburgo, Francia, ordenó a las autoridades británicas pagar 42.000 euros (53.000 dólares) a los dos demandantes por los gastos legales. Los fallos del tribunal son obligatorios para todos los estados de la Unión Europea.
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