Para indígenas y ambientalistas, las leyes de Minería y de Agua apuntan a un modelo extractivista.
Pese a las permanentes críticas del Gobierno al Fondo Monetario Internacional, a los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID), movimientos indígenas y ambientalistas aseguran que buena parte de la Ley de Minería propuesta por el Ejecutivo y de la Ley de Agua (en elaboración) son parte del recetario de medidas impuestas por los multilaterales.
Inclusive, la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) responsabiliza a esos organismos de “actuar en función de los intereses de las transnacionales mineras y las comercializadoras del agua”, durante las tres décadas de endeudamiento que analizó.
Según la Comisión, entre 1994 y 2001, el BM concedió préstamos por $ 790,5 millones a las mineras Comsur, MBR, Mitui, Samarco, BHP-Billiton, RTZ y Newmont; financió en la región la modernización de leyes sobre minería e impulsó la privatización de mineras estatales. En 1991 a Ecuador le condicionó sus créditos a la aprobación de reformas que, un año más tarde fueron aprobadas en la Ley de Inversiones y Participación Ciudadana, Trole II.
La CAIC dice que, con esas reformas se amplió los beneficios al sector privado, especialmente extranjero, flexibilizando las condiciones de inversión directa, eliminando regalías, fijando patentes mínimas.
Tras la depresión petrolera, el Gobierno busca con la nueva ley aprovechar un potencial de $ 220 mil millones, según la Cámara de Minería del Ecuador.
Leonardo Elizalde, de Ecuacorriente, dice que el fisco pierde al año unos $ 700 millones en impuestos por no abrir la explotación a gran escala. Pero datos de la Dirección Nacional de Minería revelan que en 17 años el país ha recibido $ 24,9 millones en patentes y regalías, por 2,9 millones de hectáreas concesionadas en ese lapso.
Agrega que las mineras mantienen archivados planes de inversión por $ 4.000 millones para cinco años.
Hugo Arias, de la CAIC, dice que el proyecto corrige los errores del pasado y promueve una actividad responsable, que pague impuestos y con el menor impacto ambiental posible.
Para la ex asambleísta por PAIS, Mónica Chuji, consagra la política extractivista y busca privatizar el agua. Recuerda que para la FAO, la explotación petrolera y minera es nociva. “El Presidente ignora esos criterios porque maneja un doble discurso. No permitiremos que reine quien impone el miedo, rechazamos la estrategia descalificadora de Correa, que no es sino la repetición de las prácticas de la vieja partidocracia”.
Carlos Zorrilla, de la Coordinadora Ecuatoriana Para la Defensa de la Naturaleza y Ambiente, advierte que la minería industrial desatará una tragedia ambiental, profundizará la pobreza y agudizará conflictos entre comunidades y empresas.