El ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta (PAIS), considera que “la Ley no es innovadora, utiliza figuras jurídicas existentes que no han permitido al Estado precautelar sus derechos.

Una ley mal hecha lesiona los intereses y la tranquilidad nacional y afecta a la gobernabilidad”.  Para él  lo crítico es que el proyecto oficial no establece áreas vedadas.

Advierte que, mientras la Constitución establece que las empresas privadas solo pueden intervenir de manera excepcional, la  Ley Minera les da un tratamiento similar a otras formas empresariales y otorga derechos especiales a  extranjeras. El artículo 25 del proyecto abre la posibilidad a la libre prospección en áreas naturales protegidas y zonas intangibles y  socio-ambientales sensibles.

Según Acosta, aquello significa que no hay una definición clara de las zonas mineras, lo cual  viola los artículos 57 y 408 de la Constitución.

Además el ex asambleísta asegura que, según el artículo 28 de la propuesta de Ley, los títulos mineros son asumidos casi sin límites y con la posibilidad de ser transferibles y sujetos a cesiones en garantía, lo cual  va en contra del artículo 317 de la Constitución, según el cual los recursos naturales pertenecen al patrimonio inalienable del Estado.

Cree que la nueva Ley no elimina el monopolio en el sector y margina derechos colectivos y de la naturaleza, pues considera que la minería a cielo abierto pone en riesgo el trabajo de miles por su alto impacto ambiental y social.